En la tarde del martes 22 de abril, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó una proposición de control político contra el superintendente Nacional de Salud, Helver Giovanny Rubiano García y la superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
“(...) para que expongan, informen y de respuesta a la Plenaria de la Cámara de Representantes sobre las recientes denuncias publicadas por la revista Cambio a propósito de posibles extralimitaciones de funciones en el marco de la intervención del Hospital San Rafael de Leticia (Amazonas)”, se lee en el documento de proposición.
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Las denuncias que tienen en el ojo del huracán a la Superintendencia de Salud
A principios de abril de 2025, la revista Cambio dio a conocer una serie de denuncias por presuntas presiones indebidas y abuso de poder por parte de Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud y esposa del ministro de Salud.
De acuerdo con lo revelado, Gómez Consuegra habría ejercido presiones sobre funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia, en Amazonas, para forzar la firma de un contrato de $55.000 millones destinado a la adquisición de un buque hospital.
De acuerdo con la publicación, el abogado Mario Castro, asesor jurídico del hospital, advirtió sobre la falta de requisitos necesarios para aprobar el contrato. Sin embargo, en un video presentado por el medio, se escucha una supuesta respuesta contundente atribuida a Gómez Consuegra: “Ustedes firman hoy o mañana me presentan la renuncia”.
El caso provocó una fuerte reacción en el ámbito político, especialmente entre los sectores de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Por su parte, el representante Andrés Forero anunció que citaría a Gómez Consuegra a un debate de control político para que respondiera por las acusaciones.
En ese momento, Forero utilizó su cuenta en la red social X para criticar la gestión del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, señalando que ambos organismos están siendo manejados como una “empresa personal” por el ministro Jaramillo y su esposa.
En su intervención, Forero recordó un caso similar ocurrido en 2022, cuando Jaramillo habría solicitado la renuncia de un interventor en el Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó (Chocó).
Tras el escándalo, también se conoció que la agente interventora del Hospital San Rafael de Leticia, Lina Baracaldo Moreno, fue removida de su cargo tras negarse a firmar el contrato cuestionado.
La decisión fue oficializada mediante una resolución firmada por el superintendente de Salud, Helver Guiovanni Rubiano, lo que ha sido interpretado por críticos como una represalia directa.
Ante las acusaciones contra su esposa, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo defendió públicamente a Gómez Consuegra a través de su cuenta en X. En su mensaje, Jaramillo afirmó que los ataques hacia su pareja comenzaron desde que asumió el cargo como ministro de Salud y Protección Social. Además, enfatizó que el nombramiento de Gómez Consuegra como superintendente delegada fue realizado en 2022, antes de que él asumiera su actual posición en el gobierno.
Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud emitió un comunicado en el que negó cualquier tipo de injerencia externa en la decisión de remover a Baracaldo Moreno. Según la entidad, la destitución de la interventora se basó en un informe del Comité de Medidas Especiales, el cual evidenció incumplimientos en indicadores técnicos y de gestión durante el proceso de intervención del hospital.
La Superintendencia aseguró que su actuación se ajustó a los lineamientos legales y a los procedimientos establecidos en la Resolución 2599 de 2016. En el comunicado, reiteraron su autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.
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