El presidente Gustavo Petro anunció la recaptura de Hernando Medina Camacho, exsuboficial del Ejército y uno de los responsables del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, ocurrido el 9 de agosto de 1994. Medina Camacho había logrado evadir la justicia tras beneficiarse de una condena condicional, pero fue localizado y capturado por la Policía Nacional en Neiva.
“Fue capturado por la Policía Nacional Hernando Medina Camacho, asesino del senador de la UP, Manuel Cepeda, padre del actual senador Iván Cepeda. Hernando Medina es exmilitar”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X. “Se había escapado de la cárcel cuando un juez le otorgó condena condicional y fue de nuevo capturado”, añadió.
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La noticia generó reacciones inmediatas, especialmente por parte del senador Iván Cepeda, quien recordó que Hernando Medina no solo participó directamente en el crimen de su padre, sino que, tras su condena, recibió beneficios judiciales que le permitieron cumplir menos de una década en una guarnición militar, a pesar de haber sido condenado a 40 años de prisión.
“Hernando Medina Camacho, uno de los asesinos de mi padre. Este es el exsuboficial Hernando Medina Camacho: perteneció a la inteligencia de la IX brigada del Ejército, y el 9 de agosto de 1994 hizo parte del operativo que se hizo con paramilitares para asesinar al senador Manuel Cepeda Vargas”, denunció Cepeda.
El senador también advirtió sobre la continuidad de actividades criminales por parte de Medina Camacho: “Ayer fue capturado en Neiva. Al parecer, tiene vigente una orden de captura por homicidio. En estos años he conocido planes y acciones criminales en las que ha seguido participando, entre ellas planes para asesinarme. Es uno de tantos sicarios que se han utilizado para el genocidio contra la Unión Patriótica”, afirmó.
Un crimen político
El asesinato de Manuel Cepeda Vargas, entonces senador de la Unión Patriótica (UP), fue uno de los casos más emblemáticos de la persecución política en Colombia durante los años noventa.
El 9 de agosto de 1994, el dirigente fue asesinado en Bogotá mientras se desplazaba por la Avenida de Las Américas, cerca de su residencia. Sicarios armados le dispararon desde un vehículo Renault 9 blanco, en un hecho que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) calificó como parte de un plan sistemático de exterminio político.
Este crimen se inscribió dentro del denominado Plan Golpe de Gracia, una estrategia dirigida contra la UP en la que estuvieron involucrados sectores del Estado en coordinación con grupos paramilitares.
Desde años antes, dirigentes de la UP habían advertido sobre esta operación. En 1993, incluso se reunieron con el entonces ministro de Defensa, Rafael Pardo, para alertar sobre los asesinatos selectivos. Las denuncias, sin embargo, fueron desestimadas por el gobierno de la época.
La violencia contra la UP se intensificó en esos años. José Miller Chacón, Henry Millán González y otros líderes fueron asesinados en 1993. También se perpetró la Masacre de Mondoñedo, donde murieron seis jóvenes estudiantes vinculados al partido. La UP denunció que más de 120 militantes fueron asesinados solo en ese año, configurando un patrón de exterminio.
En 2001, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a los exsuboficiales Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga a 43 años de prisión por su participación en el asesinato de Cepeda Vargas.
Más adelante, en 2009, un fiscal vinculó al paramilitar Edilson Jiménez, alias El Ñato, como autor material del crimen. Las declaraciones de paramilitares desmovilizados como “Don Berna” también señalaron a Carlos Castaño y al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, como responsables intelectuales.
La responsabilidad del Estado colombiano en este crimen fue confirmada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010, que declaró que el asesinato de Cepeda fue cometido por agentes estatales en complicidad con paramilitares. La Corte ordenó al Estado colombiano llevar a cabo un acto público de reconocimiento, producir un documental sobre la vida del senador y establecer medidas de reparación para su familia.
Ese acto público tuvo lugar el 9 de agosto de 2011 en el Congreso de la República, donde el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, reconoció oficialmente la responsabilidad del Estado. En 2014, la Fiscalía General declaró que los crímenes contra la UP eran delitos de lesa humanidad, dada su naturaleza sistemática.
Finalmente, en enero de 2023, la Corte IDH volvió a pronunciarse sobre el exterminio de la UP, declarando al Estado responsable por la muerte de más de seis mil integrantes desde 1984. Ordenó nuevas medidas de reparación, como la construcción de un monumento y la designación de un día nacional en memoria de las víctimas.
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