El caso de la excavación realizada el pasado 3 de febrero en el batallón de Contrainteligencia del Ejército Nacional de Colombia, que podría estar relacionada con los restos de la exguerrillera del M-19 Irma Franco, ha tomado un giro con los avances en las investigaciones lideradas por la Fiscalía.
Las autoridades han priorizado este caso tras la denuncia presentada por la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) María del Pilar Valencia, que alertó sobre posibles irregularidades en las instalaciones militares, según informó Blu Radio.
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La Fiscalía asignó el caso a un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, que trabaja bajo la hipótesis de que se habrían violado las medidas cautelares impuestas en septiembre de 2022 sobre el batallón en cuestión.
Estas medidas buscaban proteger el lugar debido a su relevancia en investigaciones relacionadas con violaciones de derechos humanos. La excavación, realizada por militares en un área específica del batallón, fue señalada como una posible transgresión de dichas disposiciones.
Uno de los primeros avances en la investigación fue la recopilación de testimonios de los involucrados en la excavación.
El sargento Ronald Durán Páez fue citado a declarar, ya que, según el teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, habría sido quien ordenó la excavación, según detalló Blu Radio.
En su versión inicial, el sargento Durán afirmó que la actividad tenía como propósito enterrar una bolsa con desechos hospitalarios. Sin embargo, esta explicación no fue considerada creíble por la Fiscalía, lo que llevó a que fuera citado nuevamente a un interrogatorio formal en los últimos días.
Además del sargento Durán, también fueron convocados los soldados Brahian Andrés Villa y Johan Fernando Miranda, quienes habrían participado en la excavación. No obstante, ambos militares no asistieron a la diligencia judicial programada, lo que obligó al fiscal encargado a reprogramar sus citaciones.
En paralelo, el fiscal que lidera el caso prepara la citación de los expertos forenses y funcionarios de la JEP que estuvieron presentes durante la diligencia del 3 de febrero, cuando se descubrió la excavación.
La participación de la JEP en este caso es especialmente relevante, dado que la jurisdicción tiene como objetivo investigar y sancionar crímenes relacionados con el conflicto armado en Colombia. La denuncia inicial de la magistrada Valencia subrayó la importancia de proteger el área del batallón, ya que podría contener evidencia crucial para esclarecer casos de desapariciones forzadas y otros delitos graves.
El caso de la exguerrillera Irma Franco, cuyos restos podrían estar relacionados con la excavación, es emblemático dentro del contexto del conflicto armado colombiano. Franco, quien perteneció al M-19, desapareció tras la toma del Palacio de Justicia en 1985, un episodio que dejó profundas heridas en la historia del país.
Según investigaciones previas, se presume que Franco fue detenida y desaparecida por agentes del Estado, lo que convierte este caso en un símbolo de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto.
La posibilidad de que los restos de Franco se encuentren en el batallón de Contrainteligencia ha generado gran interés público y ha puesto en el centro del debate la necesidad de garantizar la transparencia en las investigaciones.
Según Blu Radio, la Fiscalía busca determinar si la excavación fue un intento de ocultar evidencia o si responde a otras motivaciones aún no esclarecidas.
Con las citaciones reprogramadas y la preparación de nuevas diligencias, la Fiscalía avanza en la recopilación de pruebas y testimonios que permitan esclarecer los hechos. Según el medio, el fiscal encargado ha solicitado documentos y registros relacionados con la excavación, además de las declaraciones de los militares involucrados y de los testigos presenciales.
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