El abogado Abelardo de la Espriella, en representación del colectivo ciudadano Defensores de la Patria, radicó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos una solicitud formal para activar un proceso judicial contra el presidente colombiano Gustavo Petro y su exministro de Defensa, Iván Velásquez.
El requerimiento se basa en acusaciones que los relacionarían con redes del crimen organizado de alcance transnacional.
La petición fue dirigida a la fiscal general de Estados Unidos y se apoya en una reciente directriz del Departamento de Justicia estadounidense, fechada en febrero de 2025, que establece como una prioridad de alto nivel la desarticulación total de estructuras criminales internacionales, particularmente aquellas vinculadas al narcotráfico.
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Entre los hechos más relevantes mencionados en el escrito figura una supuesta financiación ilícita de la campaña presidencial de Petro en 2022.
Según el documento, los aportes habrían ascendido a quince mil millones de pesos colombianos, lo que equivale aproximadamente a 3,5 millones de dólares.
El origen de estos fondos estaría, presuntamente, en el denominado “Cartel de los Soles”, una estructura criminal señalada por operar desde Venezuela con apoyo del régimen de Nicolás Maduro.
“En mi denuncia, he puesto sobre la mesa las pruebas que desenmascaran a Petro y Velásquez como piezas clave en una maquinaria criminal que apesta a cocaína, sangre y traición. Estos señores, desde las sombras del poder, han fortalecido las redes del narcotráfico, han pactado con el diablo encarnado en el Cártel de los Soles —esa aberración liderada por el tirano Nicolás Maduro—, y han convertido a Colombia en un patio trasero de la delincuencia internacional”, señaló en un comunicado.
La denuncia también vincula decisiones de política pública con un eventual favorecimiento al narcotráfico. En particular, se señala que entre 2022 y 2023, la producción de cocaína en Colombia aumentó un 53 %, una cifra respaldada por datos del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU (SIMCI).
Este incremento coincidiría con la suspensión de operativos de erradicación y otras propuestas gubernamentales como la compra de hoja de coca, medidas que habrían debilitado el control sobre estas economías ilegales.
“En marzo de 2020, el gobierno americano señaló a Maduro y su pandilla de rufianes como los capos del Cártel de los Soles, aliados de las FARC en un festín de cocaína que lleva dos décadas pudriendo el alma de nuestros pueblos. ¿Y qué hizo Petro? Propuso en 2022 limitar la extradición de narcotraficantes, un guiño descarado a los criminales que hoy se ríen de la ley. ¿Y qué dijo de Santrich, ese bandido de siete suelas? Que fue “entrampado” por la DEA, como si el honor de la justicia internacional fuera un trapo sucio para limpiar sus fechorías”, señaló de la Espriella.
El documento incluye, además, acusaciones sobre un supuesto desvío de fondos públicos hacia grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las FARC.
Estas afirmaciones estarían basadas en declaraciones de antiguos funcionarios del gobierno colombiano, entre ellos el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Uno de los elementos más sensibles del informe es la mención de un encuentro en enero de 2025 entre Iván Velásquez y Vladimir Padrino López, actual ministro de Defensa de Venezuela.
Este último figura en listas de sancionados por el gobierno de EE. UU. y ha sido identificado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como vinculado al narcotráfico. La reunión habría tenido como propósito coordinar acciones en zonas fronterizas como el Catatumbo.
La solicitud incluye una petición específica: que se investigue la presencia de activos, propiedades o cuentas de Petro y Velásquez en el sistema financiero de EE. UU. y que, de encontrarse vínculos irregulares, se impongan sanciones similares a las aplicadas previamente contra altos funcionarios del gobierno venezolano.
El escrito sostiene que estas conexiones configuran una amenaza directa para la seguridad interna de Estados Unidos, dada la magnitud del tráfico de cocaína hacia el norte del continente. Por ello, argumenta, sería necesaria una intervención decidida del Departamento de Justicia.
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