El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, según W Radio presentó una solicitud ante la Corte Constitucional para que se declare inexequible el Decreto Legislativo 155 de 2025, emitido por el Gobierno Nacional.
Este decreto establece medidas enfocadas en mejorar la infraestructura y la dotación educativa a diversos niveles en la región del Catatumbo, como respuesta a la crisis humanitaria originada por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
El decreto Legislativo 155 de 2025 dispone la implementación de medidas destinadas a fortalecer la infraestructura y la dotación educativa en los niveles de educación inicial, preescolar, básica, media y superior. Estas acciones se enmarcan dentro del estado de conmoción interior declarado por el Gobierno Nacional, con el propósito de atender las necesidades urgentes en materia educativa en regiones afectadas por la crisis.
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Con este decreto se autoriza al Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa para adoptar las gestiones administrativas y financieras requeridas con el propósito de desarrollar nuevos espacios de infraestructura educativa en las zonas específicas afectadas por el conflicto armado.
En ese sentido, el procurador Eljach considera que el decreto trata la educación desde problemáticas estructurales y de larga data, dejando de lado su relación con las urgencias derivadas del orden público.
Según W Radio el documento de la solicitud subraya que el estado de conmoción interior tiene como propósito principal enfrentar graves alteraciones del orden público. Por lo tanto, las medidas adoptadas bajo esta figura deben estar dirigidas a atender de manera directa las perturbaciones que afectan la estabilidad y seguridad en las regiones impactadas.
En el texto también se lee lo siguiente: “El material probatorio del Decreto bajo estudio no logra demostrar que la crisis de orden público se haya agravado con el aumento de la violencia registrado desde enero de 2025, pues los datos en los que se fundamenta son cifras del 2023 y años anteriores”.
Según el concepto de la entidad, no existe una relación directa entre las causas de la violencia en el Catatumbo y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, ya que el incremento de los enfrentamientos entre grupos armados en la región no fue provocado por la carencia de oferta educativa en esa zona del territorio nacional.
“El Ministerio Público reconoce que la falta de acceso a la educación aumenta la vulnerabilidad de un territorio que ha sido históricamente afectado”, señaló el jefe del ente de control. Sin embargo, advirtió que este problema no debe resolverse a través de medidas implementadas bajo el estado de conmoción interior.
En el pronunciamiento, el procurador Eljach cuestionó al Gobierno por ignorar los principios que rigen los estados de excepción, acusándolo de intentar tratar asuntos ajenos al alcance de un decreto legislativo emitido en el marco de la conmoción interior. De igual manera, advirtió que “esto implica que el Ejecutivo se auto reconozca facultades legislativas de forma injustificada, en detrimento del principio democrático y la separación de poderes”. Según su postura, esta acción representaría un desbalance en la distribución de funciones entre las ramas del poder público.
En dicho documento sobre el que informó el medio antes citado, Gregorio Eljach cuestionó que las obras de infraestructura educativa propuestas a través del fondo FFIE carecen del carácter excepcional que exige un régimen de conmoción interior. Además, señaló que aunque se completen los proyectos, no existe certeza sobre cómo se garantizarán los recursos necesarios para su mantenimiento o adecuaciones futuras una vez desaparezca el marco excepcional establecido por los decretos.
El concepto también señala que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional no cumplen con los requisitos necesarios para atender de manera efectiva la grave situación en el Catatumbo y sus áreas aledañas. “No se encuentra acreditado el cumplimiento de este presupuesto, en tanto la medida no resulta idónea para enfrentar la crisis ocasionada por el aumento inusitado de la violencia en la región del Catatumbo y la crisis humanitaria generada en dicho territorio, así como en el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar”, detalla el escrito.
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