Mientras algunos sectores del país insisten en declarar el fracaso de la política de paz total, en el suroccidente de Colombia se consolidan acuerdos concretos que buscan dar un nuevo rumbo a la relación entre el Estado y los grupos armados que han operado durante décadas en las regiones más afectadas por el conflicto. En Pasto, capital de Nariño, se firmaron dos acuerdos clave entre el Gobierno nacional y el grupo armado Comuneros del Sur, una escisión del ELN que ahora apuesta por la desmovilización y el tránsito hacia la vida civil.
Estos acuerdos, celebrados como un avance en el proceso de paz territorial, son considerados por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, como un ejemplo de lo que puede lograrse cuando el diálogo se construye desde las regiones y con enfoque comunitario. “Lo que pasa es que la paz nacional, si no se afinca en los territorios son fracasos”, afirmó Patiño, al tiempo que defendía la validez de una estrategia que privilegia el arraigo territorial como fundamento de la reconciliación.
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La firma con los Comuneros del Sur no solo implica compromisos de cese de hostilidades y tránsito hacia la legalidad, también posiciona a esta región como un laboratorio de paz, una experiencia que, en palabras de Patiño, es “replicable en otras zonas del país”. El enfoque se aleja del tradicional modelo de negociación con jefaturas nacionales y opta por procesos más localizados, donde las comunidades tienen un rol central en la implementación de los acuerdos.
En contraste, el ELN —organización de la que se separó el Frente Comuneros del Sur— criticó duramente el proyecto de paz total, calificándolo como un “fracaso total”. Ante estas declaraciones, el consejero Comisionado de Paz respondió con firmeza: “El fracaso del ELN aquí en Nariño, el fracaso que constituye pensar que pueden convertir el territorio de Catatumbo en una retaguardia nacional para ellos es otro fracaso. De tal manera que la paz dirigida desde el Coce, desde el Comando Central del ELN, eso sí es un fracaso total”.
Estas afirmaciones dejan claro el distanciamiento entre las aspiraciones del Gobierno y las del Comando Central del ELN, cuya postura fue señalada por el Gobierno como un obstáculo para la construcción de una paz duradera. Mientras tanto, el proceso con los Comuneros del Sur se proyecta como una apuesta pragmática que busca resultados tangibles en el corto y mediano plazo, y que pone en evidencia que, aunque no todos los actores estén en sintonía, sí hay voluntad real en algunos sectores por abandonar las armas y reconstruir el tejido social desde los territorios más golpeados por la violencia.
Los detalles de la firma de los acuerdos
Dentro de los compromisos económicos más significativos derivados del acuerdo, se estableció la priorización de $2,2 billones de pesos en el presupuesto nacional de 2026. Esta inversión será destinada a la construcción del primer corredor vial entre Pasto y El Estanquillo, una obra clave para el desarrollo del suroccidente colombiano.
Además, se contemplan acciones de infraestructura inmediatas que beneficiarán directamente a las comunidades locales: la construcción de 97 kilómetros de vías principales que mejorarán la conexión entre los municipios de la región de Abades, así como una inversión adicional de 25.000 millones de pesos en caminos comunitarios para fortalecer la movilidad rural.
En paralelo, la Fuerza Pública comenzará labores de desminado humanitario en zonas afectadas por artefactos explosivos, como parte de las acciones para garantizar la seguridad en los territorios recientemente intervenidos.
Finalmente, el acuerdo —que implica la disolución del frente Comuneros del Sur como estructura armada— contempla la sustitución voluntaria de 20.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, con el acompañamiento estatal y comunitario para asegurar la transición hacia economías lícitas y sostenibles.
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