El proceso de paz entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) enfrenta un momento crítico tras la reciente decisión del grupo armado de suspender temporalmente los diálogos.
Los voceros de la organización denunciaron un operativo militar en el área rural de Ciénaga como la causa principal de esta ruptura. El ataque, que dejó varios muertos, fue calificado por el grupo como un acto “genocida” y generó acusaciones contra el Ejército Nacional de Colombia por presunta complicidad con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
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De acuerdo con el pronunciamiento de las Acsn, el operativo militar contradice los principios de confianza necesarios para avanzar en el proceso de paz. Los voceros del grupo, vestidos con camuflados y portando armas, señalaron que no existen garantías suficientes para continuar con los diálogos y reclamaron una mayor coherencia del Gobierno en la implementación de su política de “Paz Total”.
La determinación de la estructura, que desde hace medio siglo controla la zona a través de la violencia y el miedo, generó un intenso debate entre analistas, defensores de derechos humanos y comunidades afectadas.
Para, Jorge Campo, analista de seguridad, este tipo de operativos militares envían un mensaje contradictorio respecto a los objetivos de la política de paz del Gobierno Petro.
“Cuando hay bombardeos contra actores con los que se estaba iniciando un proceso de acercamiento, se envía un mensaje de incoherencia institucional. El Gobierno debe aclarar si hubo un error de comunicación o si se desconoció la línea presidencial”, afirmó en entrevista con El Tiempo.
Por su parte, Juana Arrieta, abogada y defensora de derechos humanos, destacó que, aunque las Acsn no son un actor legítimo, cualquier proceso de diálogo requiere mínimos de confianza para avanzar. Según Arrieta, la ruptura de estos acuerdos preliminares pone en riesgo no solo la desactivación de conflictos locales, sino también la protección de las comunidades más vulnerables en las zonas afectadas por la violencia.
“Las Acsn están lejos de ser un actor legítimo, pero si se les invita a dialogar, deben existir mínimos de confianza. Si estos se rompen, peligra la posibilidad de desactivar conflictos locales y proteger a las comunidades”, puntualizó la experta.
El operativo militar generó indignación entre los habitantes del barrio Juan XXIII en Santa Marta. Según el informe preliminar de las autoridades, uno de los jóvenes muertos en el bombardeo era oriundo de este sector y había ingresado recientemente a las filas de las Acsn.
“Ese pelado apenas tenía dos meses de haberse ido. Si bien no hizo bien ingresando a un grupo de estos, es incoherente que lo mate una institución del gobierno con quien se viene hablando de paz”, comentó una vecina del barrio al medio citado.
Para los expertos, este sentimiento de desconfianza hacia las acciones gubernamentales refleja una creciente preocupación en las comunidades locales, que ven en estos operativos un obstáculo para la construcción de una paz duradera. La falta de claridad en las estrategias del Gobierno y las acusaciones de complicidad entre el Ejército y otros grupos armados han profundizado las tensiones en la región.
Reconocimiento de líderes criminales en el proceso de diálogo
En medio de esta crisis, se conoció una nueva resolución firmada por el presidente Gustavo Petro, en la que se reconoce como representantes del proceso de diálogo a varios líderes de las Acsn. Entre ellos, alias Naín, señalado como uno de los sicarios más peligrosos de la organización criminal Los Pachencas. Hasta hace poco, las autoridades ofrecían una recompensa de $100 millones (aproximadamente 24.000 dólares) por información que condujera a su captura.
La resolución incluye a otros seis miembros de las Acsn: Orlando Pérez Ortega, José Luis Pérez Villanueva, Loryin Emilio Pertuz Ballestas, Elmer David Reyes Carrillo, Jhon Rafael Salazar Salcedo y Daniel Bravo Arias. Según el medio citado, esta decisión generó controversia, algunos sectores cuestionan la inclusión de figuras con antecedentes criminales en un proceso que busca la reconciliación y la justicia.
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