Paula Robledo, secretaria Jurídica de la Presidencia, dejaría su cargo el lunes 7 de abril, luego de que el presidente Gustavo Petro le aceptara la renuncia.
La decisión se produce meses después de que Robledo presentara su carta de renuncia, la cual no había sido aceptada. Esta vez, la dimisión habría sido confirmada, marcando el fin de su paso por esta dependencia clave del Gobierno.
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Cabe señalar que, Robledo había presentado su renuncia en febrero de 2025, en un contexto de tensiones dentro del gabinete, coincidiendo con la llegada de Armando Benedetti al equipo presidencial y la transmisión del primer Consejo de Ministros.
En aquel momento, se argumentó que la renuncia era de carácter protocolario debido a los cambios en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por lo que la funcionaria continuó desempeñando sus funciones correspondientes; sin embargo, en esta ocasión, su salida sí sería irrevocable.
Robledo asumió el cargo en la Presidencia tras liderar brevemente la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), donde reemplazó a Martha Lucía Zamora, que dejó la entidad en medio de un desacuerdo con el presidente por el manejo de los pasaportes.
Antes de su llegada a la Secretaría Jurídica, Robledo también había ocupado el puesto de Vladimir Hernández, que fue nominado por el presidente Gustavo Petro para un cargo en la Corte Constitucional. Durante su gestión, Robledo tuvo un papel destacado al estructurar legalmente el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo.
Augusto Ocampo, el posible reemplazo de Paula Robledo
Por su parte, medios de comunicación dan por hecho que el abogado Augusto Ocampo sería el elegido para ocupar el puesto que deja vacante Paula Robledo.
Ocampo es conocido por su trayectoria en el ámbito jurídico y por su participación en casos de alto perfil. Fue uno de los fundadores de la Primera Línea Jurídica, una organización que brindó apoyo legal a los jóvenes detenidos durante las protestas sociales de 2021.
Además, trabajó como zar anticorrupción en la Alcaldía de Ibagué bajo la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, y colaboró en la Alcaldía de Bogotá durante el mandato de Gustavo Petro.
Ocampo cuenta con experiencia como juez y magistrado auxiliar en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, además de ser especialista en investigación criminal.
No obstante, su trayectoria no ha estado exenta de controversias. En febrero de 2024, fue sancionado con la suspensión de su tarjeta profesional por cuatro meses debido a una acusación de estafa. Según el fallo, un cliente le habría pagado $10 millones para que presentara un recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, lo cual no se llevó a cabo.
El caso en cuestión involucraba al ingeniero Wilmer Manchola Cano, condenado a más de 16 años de prisión por irregularidades en las obras de los Juegos Nacionales de 2015.
El fallo, conocido por Semana, sostuvo que Ocampo no cumplió con su obligación de presentar el recurso legal, afectando los intereses de su cliente y violando el deber de honradez profesional. A pesar de esta sanción, el abogado pudo continuar ejerciendo mientras se esperaba una decisión de segunda instancia por parte de la Comisión, que no fue conocida por la opinión pública.
“El profesional del derecho atentó, de manera deliberada, contra el deber de honradez profesional, por cuanto, en su condición de apoderado del quejoso Manchola Cano, en el proceso penal seguido en su contra, dejó de presentar dentro de la oportunidad legal el recurso de revisión para el cual fue contratado, habiendo recibido para tal fin una considerable suma de dinero, sin reintegrar esa suma a su legítimo dueño (...)”, indicó el fallo, conocido por el medio citado.
De acuerdo con Cambio, la documentación necesaria para el nombramiento de Ocampo ya se encuentra en trámite en el Dapre. Si no surgen imprevistos, se espera que asuma el cargo después de la Semana Santa.
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