Exintegrantes de las Fuerzas Militares fueron enviados a la cárcel por suministrar armamento a grupos criminales

La Fiscalía General de la Nación envió a prisión al patrullero retirado de la Policía Nacional Jhonathan Sneyder Novoa Poveda, y a los soldados profesionales en retiro del Ejército Nacional Milton Neider Rodríguez Venté y Ricardo José Núñez Berrio por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, luego de ser acusados por suministrar armamento a grupos criminales en los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Meta.

Tras las indagaciones por parte del equipo investigativo y la recolección de los elementos materiales probatorios encontrados, se determinó que los tres individuos, que hacían parte de las instituciones de la Fuerza Pública, formaban parte de una red dedicada al tráfico de armas y su posterior comercialización a estas estructuras criminales.

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Las diligencias de captura estuvieron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Ejército Nacional y sus unidades de los batallones de contraincendios militares 5 y 6, en las ciudades de Valledupar, departamento de Cesar, y Villavicencio, departamento de Meta. Posteriormente, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías, quien les imputó los cargos mencionados anteriormente, los cuales no fueron aceptados por los implicados.

El fiscal del caso señaló que tal era la magnitud de las actividades ilegales que estos hombres realizaban, que sustraían todo tipo de material y armamento de muchos fuertes a nivel nacional, como en el caso del Fuerte Militar de Tolemaida, uno de los mayores depósitos y acopios de armamento y munición de todo el país: “Es un grupo de delincuencia organizada que se ha encargado de sustraer partes de armas de batallones, por ejemplo, del Departamento del Cesar, del Departamento del Atlántico o del Departamento de Antioquia, principalmente en la ciudad de Medellín o desde la misma ciudad de Bogotá en batallones que conocemos quienes vivimos aquí en Bogotá, como el Batallón 20 de Julio, no más allí a pocas cuadras de su despacho, señor juez, en el Batallón de Puente Aranda, en esta unidad militar de Puente Aranda o en el Cantón Norte Militar también de la ciudad de Bogotá”.

Sneyder Novoa Poveda era el encargado de contactar a los uniformados en las diferentes dependencias de las instituciones y convencerlos para que retiraran el armamento y las municiones de los almacenes de dichas dependencias. Según el fiscal, desde el año 2015, este hombre estaba cometiendo este tipo de delitos.

“En el caso de Jonathan Sneyder Novoa Poveda, patrullero destituido de la Policía Nacional, en el año 2015, ingresa este grupo de delincuencia organizada a unirse a esta actividad delictiva de estar buscando en diferentes batallones del país, principalmente en Meta, en Bogotá, soldados, sargentos y cabos del Ejército Nacional a los cuales comprarles todo ese material que se sustraía para luego él revenderlo precisamente a otros integrantes de esta organización delictiva”, se escuchó en las diligencias.

Milton Neider Rodríguez, soldado pensionado del Ejército Nacional, señaló que estaba devengando una pensión gracias a todas las actividades delictivas que cometió al interior de la institución: “En este momento recibe una pensión del Estado con nuestros recursos del Ejército Nacional, no solamente por haber vestido ese uniforme militar, una pensión sencillamente por haber sustraído gran cantidad de armas y municiones por cerca de 6 años (...) Era uno de los grandes vendedores de estas armas, de estas partes y municiones al servicio de ese gran cabecilla Alexander Bermúdez Arias, que luego iba y las revendía a grupos armados, su señoría, como los grupos de autodefensas, el Clan del Golfo, el ELN o las Farc, al que mejor precio le pagara por todas las armas y municiones”.

Por todo lo anterior, deberán cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario, tal como lo señaló la Fiscalía en su boletín emitido el 5 de abril de 2025.