
El expresidente del Senado Juan Diego Gómez Jiménez denunció públicamente la decisión del Gobierno nacional de retirarle su esquema de seguridad, una medida que, según él, lo deja expuesto a amenazas previas contra su vida.
Gómez Jiménez aseguró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le notificó la decisión esta semana, lo que ha generado una fuerte reacción del exsenador, que considera que esta acción es una represalia por sus críticas a la administración de Gustavo Petro y su reciente visita a Estados Unidos para hacer varias denuncias.
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Además, el exsenador del Partido Conservador señaló que el retiro de su esquema de seguridad se registró en un momento particularmente sensible, pues en febrero pasado recibió amenazas contra su vida y la de su familia.
“Hoy me veo en la necesidad de interponer esta denuncia ante los medios de comunicación y ante los colombianos porque en el mes de febrero recibí amenazas por parte del ELN contra mi vida, mi familia y la integridad de ellos”, declaró Gómez en un video publicado en sus redes sociales, asegurando que la responsabilidad de su seguridad y la de sus seres queridos recae directamente sobre el Gobierno de Gustavo Petro y el director de la UNP.
“Debo expresar que si algo me sucede a mí o a mi familia, en razón de esta decisión, responsabilizo públicamente al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego y a su Gobierno, por mi vida, mi integridad y el bienestar de mis seres queridos”, agregó.
Gómez Jiménez contaba con un esquema de seguridad compuesto por dos hombres de protección, un vehículo blindado y otras medidas que garantizaban su integridad. La decisión de la UNP, según sus palabras, es una muestra del trato que el Gobierno de Petro está dando a los líderes de oposición.
“Es lamentable lo que sucede en este Gobierno con diferentes líderes de oposición”, concluyó el excongresista.
Relación con el caso de ‘Papá Pitufo’

En su comunicado a la opinión pública, Gómez Jiménez destacó que el retiro de su protección ocurre justo después de su viaje a Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con congresistas y senadores de ambos partidos, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). En dichos encuentros, según sus declaraciones, expuso lo que considera una estrategia de persecución sistemática en su contra, promovida por el Gobierno actual.
El exsenador también rechazó lo que calificó como intentos de vincularlo al escándalo de alias Papá Pitufo, asegurando que su nombre ha sido utilizado de manera calumniosa.
“Destacando puntualmente, una estrategia sistemática en su contra, repleta de injurias y calumnias, que busca vincularlo al escándalo de ‘Papá Pitufo’, a través de testimonios insólitos que carecen de cualquier veracidad y que fueron construidos y difundidos desde adentro del propio Gobierno nacional”, afirmó en su comunicado.

La decisión de la UNP ha desatado críticas por parte del exsenador y su sector político, los cuales consideran que esta medida pone en riesgo su vida. “Es lamentable que estas cosas sucedan en medio de un Estado social de derecho, donde a diario se habla de democracia ante los medios de comunicación, pero en el accionar del gobierno, se demuestra todo lo contrario”, expresó Gómez.
Por ahora, el Gobierno no ha emitido una respuesta oficial frente a las acusaciones de Gómez Jiménez. Mientras que la UNP ha defendido en anteriores ocasiones sus decisiones como parte de un análisis técnico sobre el nivel de riesgo de los protegidos, el caso plantea interrogantes sobre los criterios para asignar y retirar esquemas de seguridad en el país, así como sobre las garantías para la oposición en un contexto de creciente polarización política.
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