
En un avance hacia la transformación territorial y la sustitución de economías ilícitas, el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano alcanzaron un acuerdo para la erradicación de treinta mil hectáreas de cultivos de hoja de coca en los departamentos de Nariño y Putumayo.
Este pacto se logró tras reuniones con comunidades locales en el municipio de Roberto Payán, en Nariño, y representa un paso clave en los esfuerzos por implementar proyectos piloto de transición hacia economías legales.
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El jefe de la delegación gubernamental, Armando Nova, destacó que la mitad de las hectáreas a erradicar se concentrarán en el municipio de Tumaco, donde se ampliará la cobertura del programa piloto de sustitución de cultivos ilícitos de dos mil a quince mil hectáreas.
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Este incremento responde a las demandas de las comunidades locales, que acogieron la propuesta como una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida y diversificar las actividades económicas en la región.

El acuerdo fue alcanzado tras una serie de reuniones sostenidas entre la subcomisión de transformación territorial y representantes de al menos cinco consejos comunitarios en la zona rural de Roberto Payán.
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Durante estos encuentros, las comunidades expresaron sus inquietudes y necesidades, las cuales fueron consideradas en la formulación del programa piloto.
Según detalló Armando Nova, el objetivo principal es sustituir las economías ilícitas por alternativas legales y sostenibles, al tiempo que se promueve el desarrollo social y económico de las regiones afectadas por los cultivos de coca.
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El programa piloto contempla no solo la sustitución de ingresos por un período de 12 meses, sino también la implementación de proyectos productivos sostenibles que incluyan procesos de transformación y comercialización agroindustrial.
Nova destacó que este enfoque busca garantizar la rentabilidad y sostenibilidad de las nuevas actividades económicas, además de fomentar la protección ambiental y la asociatividad en las comunidades.
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“El Gobierno nacional tiene la voluntad de avanzar en un proceso concertado de transformaciones territoriales para sustituir y reemplazar las economías ilícitas por economías legales, al tiempo que se mejore las condiciones de vida de las comunidades. Y estamos en ese empeño y esperamos que podamos construir un acuerdo en el menor tiempo posible al respecto”, expresó Nova mediante un video publicado en X en la cuenta @BLUPacifico.
Las comunidades participantes en el acuerdo plantearon una serie de condiciones para garantizar el éxito del programa piloto. Entre estas, destacan la definición de un presupuesto que asegure una subsistencia digna para las familias involucradas, la construcción de infraestructura vial, centros de salud y educación, así como la inversión en proyectos de agroindustrialización a gran escala. Además, se solicitó el acceso a créditos económicos y la mejora de la interconectividad eléctrica en las zonas rurales.
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Por su parte, los representantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano recibieron la propuesta del Gobierno y manifestaron su disposición a respaldar los acuerdos alcanzados. Sin embargo, enfatizaron en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de los participantes en el programa, incluyendo a los líderes comunitarios y a los miembros de la organización que se integren al proceso de transición.
El acuerdo se produce en un contexto de reactivación de los diálogos entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, luego de la crisis generada por la captura de uno de sus líderes, conocido como alias “Araña”.
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El próximo 10 de abril se llevará a cabo un “relanzamiento” de la mesa de diálogo en el municipio de La Hormiga, en el bajo Putumayo, con el objetivo de consolidar los avances logrados y continuar trabajando en la implementación de los acuerdos.
Este relanzamiento será clave para fortalecer la confianza entre las partes y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. El Gobierno solicitó a los comandantes y combatientes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que respeten las decisiones autónomas de las comunidades y respalden las iniciativas de transformación territorial como una muestra de voluntad de paz.
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El programa piloto de sustitución de cultivos ilícitos se basa en principios de territorialidad, asociatividad, protección ambiental y corresponsabilidad. Según explicó Armando Nova, la apuesta del Gobierno no se limita a la sustitución de ingresos, sino que busca transformar la economía de las regiones afectadas mediante alternativas productivas sostenibles que permitan el desarrollo de procesos agroindustriales a gran escala.
Además, el programa incluye la implementación de proyectos de infraestructura y servicios básicos que contribuyan al bienestar de las comunidades. Entre las prioridades identificadas se encuentran la construcción de vías carreteables, la mejora de los servicios de salud y educación, y la promoción de actividades económicas que generen empleo y oportunidades en las zonas rurales.
A pesar de los avances logrados, Armando Nova reconoció que el proceso de transformación territorial enfrenta múltiples desafíos. “Son procesos complejos, muy difíciles, pero el Gobierno Nacional tiene la voluntad de avanzar en un proceso concertado de transformaciones territoriales”, afirmó. Asimismo, destacó la importancia de construir acuerdos en el menor tiempo posible para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas y mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano representa un paso significativo hacia la erradicación de los cultivos ilícitos y la construcción de una paz sostenible en las regiones afectadas por el conflicto. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de las partes para cumplir con los compromisos adquiridos y de la implementación efectiva de los proyectos piloto en los territorios.
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