El Tribunal Superior de Cartagena ha dado un nuevo giro al caso de Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, condenada por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, al admitir el recurso extraordinario de casación presentado por su defensa.
El tribunal remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia, que ahora tendrá la tarea de evaluar si la condena debe ser confirmada, modificada o anulada, según un documento revelado por W Radio.
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El crimen de Marcelo Pecci, reconocido fiscal antimafia de Paraguay, ocurrió el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú, en Cartagena, mientras disfrutaba de su luna de miel.
La investigación determinó que Margareth Chacón desempeñó un papel clave como coordinadora logística y financiera del homicidio, lo que llevó a su condena inicial a 35 años de prisión el 15 de febrero de 2024 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena.
De acuerdo con la información conocida, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena emitió un auto el 25 de marzo de 2025 en el que se admitió la casación interpuesta por la defensa de Chacón Zúñiga.
Este recurso, considerado un mecanismo extraordinario de control constitucional y legal, permite que la Corte Suprema de Justicia revise las sentencias emitidas en segunda instancia cuando se alega que afectan derechos o garantías fundamentales.
La defensa de Chacón presentó el recurso tras la lectura del fallo de segunda instancia, que tuvo lugar los días 27 y 28 de enero de 2025. El recurso fue sustentado dentro del plazo legal, específicamente el 18 de marzo de 2025, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 181 y 183 de la Ley 906 de 2004, modificados por la Ley 1395 de 2010.
El tribunal consideró que el recurso cumplía con los parámetros exigidos por la ley, lo que llevó a la remisión del caso a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Este paso marca el inicio de una nueva fase judicial en la que se analizarán los fundamentos legales y las pruebas que sustentaron la condena de Margareth Chacón.
El caso de Margareth Chacón ha estado marcado por un extenso proceso judicial. Tras su condena inicial en febrero de 2024, la defensa apeló la decisión, lo que llevó al Tribunal Superior de Cartagena a confirmar parcialmente la sentencia el 27 de septiembre del mismo año. Sin embargo, la defensa no se detuvo allí y optó por recurrir a la casación como último recurso para buscar una revisión de la condena.
Entretanto, el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 mientras disfrutaba de su luna de miel en Cartagena de Indias, sigue generando controversia y búsqueda de justicia.
Los familiares del fiscal han presentado una demanda contra el Estado colombiano y la cadena Hoteles Decameron, exigiendo una reparación de 10.000 millones de pesos, según información revelada por El Tiempo. Alegan que una serie de omisiones por parte de las autoridades y del hotel facilitaron el crimen, que conmocionó tanto a Paraguay como a Colombia.
La demanda, que se encuentra bajo análisis del juzgado 64 Administrativo de Bogotá, sostiene que la información sobre el alojamiento y ubicación de Pecci fue filtrada, lo que permitió a los responsables del asesinato conocer sus movimientos.
El fiscal, que investigaba casos de narcotráfico y crimen organizado en Paraguay, fue asesinado a plena luz del día en la playa del hotel Decamerón Barú, donde se encontraba con su esposa embarazada.
Dos hombres llegaron en una moto acuática y dispararon contra Pecci, acabando con su vida de manera inmediata. Según la demanda, el personal de seguridad del hotel solo emitió un llamado de atención a los atacantes, lo que, según los familiares, evidencia una falta de medidas de seguridad adecuadas.
De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, los familiares de Pecci también cuestionan la falta de intervención de las autoridades colombianas. Argumentan que, dada la relevancia del fiscal y la naturaleza de los casos que investigaba, debieron haberse tomado medidas preventivas para garantizar su seguridad.
La demanda señala que Pecci no fue advertido de los riesgos que corría, a pesar de que su trabajo lo colocaba en una posición vulnerable frente a organizaciones criminales internacionales.
Además, se detalla que días antes del asesinato, los implicados en el crimen enviaron a un hombre, Cristian Camilo Monsalve Londoño, y a su madre a hospedarse en el mismo hotel para realizar labores de vigilancia. Según la demanda, Gabriel Carlos Salinas, uno de los autores materiales del asesinato, actuaba como enlace dentro del hotel sin que el personal de seguridad detectara su presencia o sus intenciones. Salinas fue posteriormente capturado en Venezuela y extraditado a Colombia.
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