Corte Constitucional admitió demanda de Red Papaz que busca cambiar el etiquetado de las bebidas alcohólicas

En Colombia, el consumo de alcohol comienza, en promedio, a los 13 años, una edad en la que el cerebro y el organismo aún están en pleno desarrollo.

Este dato, que refleja una problemática de salud pública, ha sido uno de los argumentos principales detrás de una demanda presentada por Red PaPaz, una organización que busca proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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La Corte Constitucional admitió esta acción legal, que propone eliminar la palabra “exceso” del etiquetado frontal de las bebidas alcohólicas, para que el mensaje advierta de manera más contundente: “El alcohol es perjudicial para la salud”.

La demanda, liderada por Carolina Piñeros, directora de Red PaPaz, argumenta que la frase actual minimiza los riesgos asociados al consumo de esta sustancia.

Según la organización, este etiquetado vulnera dos derechos fundamentales: el derecho a la información y el derecho a la salud. En este sentido, la acción legal busca que el Estado cumpla con su obligación de garantizar que los mensajes en los productos alcohólicos sean claros y no subestimen los peligros que implica su consumo, independientemente de la cantidad.

Desde 1986, la legislación colombiana exige que las etiquetas de las bebidas alcohólicas incluyan la frase “el exceso de alcohol es perjudicial para la salud”. Sin embargo, Red PaPaz sostiene que este mensaje es insuficiente y engañoso, ya que sugiere que existe un nivel de consumo seguro.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han sido enfáticas en que no hay un consumo de alcohol que pueda considerarse seguro.

La demanda también resaltó que el etiquetado actual no cumple con el deber del Estado de proteger la salud pública, especialmente la de los menores de edad, pues son particularmente vulnerables a los efectos del alcohol. En Colombia, esta sustancia es la más consumida entre estudiantes de 12 a 18 años, un grupo que enfrenta una constante exposición a estrategias de mercadeo que refuerzan la percepción errónea de que el alcohol solo es dañino en exceso.

El consumo de alcohol no solo afecta directamente a quienes lo ingieren, también tiene consecuencias en su entorno. Esta sustancia está vinculada a episodios de violencia y problemas de salud mental, especialmente en niñas, niños y adolescentes.

Para Carolina Piñeros, el daño causado por la información errónea en las etiquetas es incalculable. “Crecimos convencidos de que solo el consumo excesivo es nocivo, pero cualquier consumo lo es”, afirmó la directora de Red PaPaz, que calificó esta situación como un deber ético incumplido por parte del Estado.

Por su parte, Blanca Llorente, directora de investigación de la Fundación Anáas, destacó la importancia de esta demanda como una oportunidad para transformar la percepción del consumo de alcohol en la sociedad. “Es importante reconocer que no hay nivel seguro de consumo y que los daños del alcohol se manifiestan en muchos aspectos del bienestar de nuestras comunidades: empobrecimiento por gastos catastróficos, lesiones e impedir el disfrute de una longevidad sana”, señaló Llorente, según reportó el medio.

La Corte Constitucional ahora tiene la tarea de analizar los argumentos presentados en la demanda y decidir si procede la modificación del etiquetado. Esta decisión podría marcar un precedente en la forma en que se regulan los mensajes de advertencia en productos que representan riesgos para la salud pública.

La acción legal no solo busca un cambio en las etiquetas, sino también un cambio cultural en la manera en que se comprende el consumo de alcohol en Colombia. Para los impulsores de esta iniciativa, el etiquetado actual perpetúa una falsa premisa que ha tenido consecuencias graves para la salud de la población.

Si la Corte falla a favor de la demanda, el nuevo mensaje podría ser un paso significativo hacia una mayor conciencia sobre los riesgos del alcohol y una mejor protección para las generaciones más jóvenes.