El PAE sigue sin arrancar en Riohacha y miles de niños pagan las consecuencias, hay trabas burocráticas

Mientras el calendario escolar avanza, miles de estudiantes de instituciones educativas públicas en la zona urbana de Riohacha continúan sin acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo que encendió las alarmas en el Ministerio de Educación y en la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa). A pesar de que el Gobierno nacional ya giró los recursos correspondientes a la entidad territorial, la contratación de un operador que garantice la prestación del servicio es infructuosa hasta el momento, dejando a 30.200 niños, niñas y adolescentes sin el beneficio de alimentación que debería estar disponible desde el 3 de febrero.

El proceso de selección del operador enfrenta obstáculos desde el inicio del año. Dos intentos previos de licitación—Licitación LP-005-2024 y Selección Abreviada SAMC-01-2025—fueron declarados desiertos, ya que ninguna de las propuestas presentadas cumplía con los requisitos mínimos exigidos para su evaluación. Como resultado, no se pudo adjudicar el contrato a ninguna entidad que se encargue de la distribución de los alimentos, prolongando la incertidumbre entre la comunidad educativa.

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La Uapa, a través de su director, Sebastián Rivera, manifestó su preocupación ante la falta de un operador para el programa. “Nos preocupa que 30.000 niños, niñas y adolescentes de la zona urbana de Riohacha aún no cuenten con el Programa. Nosotros hemos puesto también la alerta a los entes de control y hemos invitado a la entidad territorial para que tome las medidas correctivas del caso”, declaró Rivera en un comunicado oficial. El llamado del Gobierno es claro: urge destrabar los procesos administrativos que impiden la ejecución del PAE y garantizar el derecho a la alimentación de los estudiantes afectados.

Además de los problemas contractuales, la Alcaldía de Riohacha señaló que los recursos asignados para el programa podrían no ser suficientes para cubrir el servicio en el segundo semestre del año. Aunque el Ministerio de Educación señaló que ya se destinaron $35.000 millones para la ejecución del programa, hasta el momento no recibieron una solicitud formal ni una actualización del Plan Financiero Territorial que permita evaluar la viabilidad de un refuerzo presupuestal.

De manera simultánea, el modelo de alimentación indígena, que es diseñado con el propósito de atender de manera diferenciada a las comunidades indígenas de la región, comenzó a implementarse de manera progresiva a partir del 14 de febrero.

No obstante, a pesar de este avance, persisten dificultades administrativas y contractuales que impiden su funcionamiento pleno. Hasta la fecha, aún quedan varios contratos pendientes de ser formalizados, lo que genera demoras en la prestación del servicio y afecta directamente a 1.800 estudiantes indígenas, quienes continúan sin recibir la alimentación escolar a la que tienen derecho.

Frente a este panorama de retrasos e incertidumbre en la implementación del PAE en Riohacha, el Ministerio de Educación y la Unidad de Alimentos para Aprender hicieron un llamado urgente a la administración municipal para que tome medidas concretas y efectivas con el fin de solucionar la problemática. En un comunicado conjunto, ambas entidades gubernamentales expresaron su preocupación por la falta de avances en la contratación de un operador y exigieron a la Alcaldía actuar con prontitud para evitar que más estudiantes se vean afectados por la ausencia del servicio.

En el documento, enfatizaron la necesidad de “priorizar y agilizar las acciones necesarias para superar los obstáculos administrativos y contractuales que impiden el inicio del PAE para la población mayoritaria” y, además, instaron a “culminar a la mayor brevedad los trámites pendientes para garantizar la atención de los estudiantes del modelo indígena”, quienes siguen a la espera de una solución que garantice su derecho a la educación en condiciones dignas y equitativas. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que agilicen los procesos y eviten mayores afectaciones a la comunidad educativa.