Procuraduría presiona para extraditar y condenar a Leonidas Bustos por el llamado ‘cartel de la toga’

La Procuraduría General de la Nación ha solicitado formalmente a la Corte Suprema de Justicia que agilice el proceso de extradición del exmagistrado Leónidas Bustos, actualmente radicado en Canadá, y que se dicte una condena en su contra por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio.

Esta solicitud surge en el marco del escándalo de corrupción judicial conocido como el “Cartel de la Toga”, una de las más grandes tramas de sobornos que ha sacudido a la justicia colombiana.

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Durante una audiencia celebrada ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, la Procuraduría argumentó que existen pruebas contundentes que demuestran la responsabilidad penal de Bustos en la red de corrupción. Según la entidad, el exmagistrado incurrió en actos que son plenamente tipificados como delitos, antijurídicos y atribuibles a su conducta.

Para sustentar su solicitud, la Procuraduría citó jurisprudencia de la Corte Constitucional y disposiciones del Código de Procedimiento Penal, enfatizando que la extradición es una herramienta esencial para evitar la impunidad y garantizar que la justicia pueda actuar con eficacia en este caso.

Leónidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, enfrenta acusaciones de haber recibido sobornos para favorecer a congresistas en procesos judiciales. De acuerdo con la investigación, habría aceptado lujosos regalos y grandes sumas de dinero a cambio de influir en decisiones judiciales. Entre los elementos probatorios se encuentra la supuesta recepción de un reloj Cartier ‘Ballon Bleu’, valorado en 42 millones de pesos, así como 200 millones de pesos en efectivo entregados en su apartamento por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.

El testimonio de Moreno ha sido clave en el proceso, ya que en sus declaraciones asegura que Bustos intercedió en procesos para beneficiar al exsenador Álvaro Ashton y tuvo una participación decisiva en el caso del exsenador Musa Besaile. Estas revelaciones forman parte de una extensa investigación que ha puesto en evidencia la red de corrupción que operó en los más altos niveles de la justicia colombiana.

Actualmente, Bustos se encuentra en Ottawa, Canadá, y ha sido catalogado como prófugo de la justicia. En su defensa, ha sostenido que su salida del país se debió a amenazas de muerte que pusieron en riesgo su seguridad. En una audiencia realizada el 10 de febrero, el exmagistrado afirmó que tuvo que abandonar Colombia de manera precipitada para proteger su vida, declaración que ha sido recibida con escepticismo por parte de las autoridades.

El proceso judicial en su contra ha enfrentado varios retrasos debido a las estrategias de su defensa, que ha interpuesto recursos para intentar anular el juicio, argumentando que las pruebas presentadas en su contra son falsas. A pesar de que en 2022 la Corte Suprema emitió una orden de captura en su contra, esta no ha sido ejecutada debido a su condición de asilado en Canadá.

Bustos ha participado en algunas diligencias judiciales de manera virtual y ha solicitado que se presenten pruebas adicionales para esclarecer su papel en los hechos. Según su versión, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno actuó de manera independiente, usando su nombre para extorsionar a congresistas y obtener beneficios personales. Esta declaración contrasta con las pruebas recolectadas hasta el momento, que indican que Bustos desempeñó un papel activo en la red de corrupción.

La solicitud de la Procuraduría busca cerrar un capítulo clave en la lucha contra la corrupción en el sistema judicial colombiano. La decisión final sobre la extradición de Bustos y su eventual condena está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá determinar los próximos pasos en este complejo proceso judicial.