El Consejo de Estado puso en aprietos al presidente Gustavo Petro al exigirle una respuesta inmediata sobre su incumplimiento a una orden judicial. La controversia se remonta a noviembre de 2024, cuando el mandatario hizo declaraciones que desataron una batalla legal con miembros de la oposición, quienes consideraron vulnerados sus derechos fundamentales. Ahora, la máxima autoridad en lo contencioso-administrativo le dio un plazo de dos días para que explique por qué no ha cumplido con la retractación ordenada por la justicia.
El origen de este conflicto se encuentra en las declaraciones que Petro hizo durante un evento público y que luego replicó en su cuenta de X el 23 de noviembre de 2024. En ellas, el presidente calificó como “victimarios” a quienes participaron en las marchas organizadas por sectores de oposición. Sus palabras generaron una fuerte reacción por parte de los manifestantes y, en particular, del activista del partido Centro Democrático, Josías Fiesco Agudelo, que interpuso una acción de tutela en su contra.
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El 6 de marzo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado falló a favor de Fiesco y los manifestantes, determinando que las declaraciones de Petro vulneraron el derecho a la protesta. En consecuencia, ordenó al presidente ofrecer disculpas públicas en un plazo de cinco días. La sentencia también señalaba expresamente que sus declaraciones afectaban la dignidad y el buen nombre de quienes participaron en las manifestaciones del 24 de noviembre de 2024.
Pese a la contundencia del fallo, el presidente Petro no cumplió con la orden. Ante esta omisión, el 17 de marzo de 2025, Josías Fiesco presentó ante el Consejo de Estado una solicitud de incidente de desacato, argumentando que el mandatario no había ofrecido las disculpas públicas exigidas por la justicia. En su escrito, el activista pidió medidas drásticas contra el jefe de Estado, incluyendo una sanción que podría traducirse en arresto o una multa de hasta 20 salarios mínimos para él y los funcionarios responsables de ejecutar la orden.
Las palabras de Petro que encendieron la polémica fueron directas y tajantes: “Los que quieren que esta injusticia siga padeciéndose en el país”, “los que quieren que no haya una reivindicación para las víctimas”, “los que quieren que las hijas de los campesinos terminen en los burdeles de la gran ciudad o que el hijo del campesino termine levantando un fusil para matar a su hermano de sangre o a su hermano de tierra”. Estas afirmaciones fueron consideradas estigmatizantes por el Consejo de Estado, que estableció que no solo afectaban a los manifestantes, también socavaban el derecho legítimo a la protesta.
El alto tribunal, en lugar de tomar medidas inmediatas contra el presidente, decidió darle una última oportunidad antes de iniciar un proceso sancionatorio. En su último pronunciamiento, el Consejo de Estado solicitó al presidente Petro y al Departamento Administrativo de la Presidencia un informe detallado en el que respondan dos preguntas fundamentales: qué acciones han tomado para cumplir con la orden judicial del 6 de marzo y, en caso de no haberlo hecho, cuáles son los motivos para su incumplimiento.
El desarrollo de este caso podría derivar en un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial. De no recibir una respuesta satisfactoria en el plazo estipulado, el Consejo de Estado podría avanzar con el incidente de desacato, lo que pondría al presidente Petro en una situación legal aún más complicada. En este escenario, se abriría la posibilidad de imponer sanciones que, aunque difíciles de ejecutar en un jefe de Estado en ejercicio, podrían sentar un precedente importante sobre el cumplimiento de fallos judiciales por parte de las más altas autoridades del país.
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