Dos representantes a la Cámara del Centro Democrático sumaron una nueva denuncia contra el congresista Alfredo Mondragón debido a sus polémicas declaraciones contra los miembros del mencionado partido político de derecha.
El recurso judicial ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue interpuesto por Juan Espinal y Christian Garcés, argumentando que Mondragón habría incurrido en los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento, sobrepasando los límites del discurso político en el país.
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De acuerdo con los congresistas del Centro Democrático, la denuncia se fundamenta en declaraciones realizadas por Mondragón, en las que habría señalado a miembros de la oposición como “posibles homicidas de niños en Palestina”.
Además, mencionaron que el representante del Pacto Histórico habría difundido un video con acusaciones que calificaron como infundadas, dirigidas contra los integrantes de su partido.
“El representante Mondragón habría acusado a los representantes del Centro Democrático de ser posibles homicidas de niños en Palestina, y también, habría publicado un video con acusaciones infundadas contra la oposición, acusándolos de un supuesto golpe de Estado”, se lee en un comunicado.
Los representantes Espinal y Garcés destacaron que esta no es la primera vez que Alfredo Mondragón enfrenta señalamientos por su comportamiento en el Congreso. Según detallaron en la misiva, en 2023, Juan Espinal ya había presentado una queja formal contra Mondragón ante la Comisión de Ética de la Cámara, al explicar que el congresista había tenido un trato ofensivo hacia sus colegas.
En sus declaraciones, los congresistas del Centro Democrático señalaron que Mondragón ha adoptado una actitud que calificaron como “denigrante” durante los debates legislativos, acusándolo de recurrir a ofensas y ataques personales en lugar de presentar argumentos sólidos o pruebas que sustenten sus afirmaciones.
“(...) se ha vuelto costumbre que el representante Mondragón enfrente los debates de una forma denigrante sin argumentos, pruebas, ni sustento alguno, simplemente con el ánimo de ofender y maltratar”, expresaron.
Además de la denuncia presentada ante la Corte Suprema, los representantes informaron que el caso también fue remitido nuevamente a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes para que se evalúe el comportamiento de Mondragón y se adopten las medidas necesarias para garantizar un ambiente de respeto en el ejercicio de la actividad legislativa.
Los congresistas enfatizaron la importancia de proteger la integridad de los debates políticos, destacando que las diferencias ideológicas no deben ser motivo para recurrir a ataques personales o declaraciones que puedan ser consideradas como injuriosas o calumniosas.
Grupos cristianos también denunciaron al representante del Pacto Histórico
Es preciso señalar que el 20 de marzo, se conoció que grupos cristianos habían interpuesto una denuncia contra el congresista Alfredo Mondragón por sus declaraciones emitidas durante la sesión de la Comisión Séptima del Congreso, en la que se produjo el hundimiento de la reforma laboral propuesta por el presidente Gustavo Petro.
Las expresiones de Mondragón, publicadas posteriormente en sus redes sociales, incluyeron afirmaciones enérgicas y acusaciones contra sectores cristianos, a quienes señaló, entre otras cosas, de utilizar los diezmos para financiar campañas políticas.
Una de sus frases más comentadas fue: “Se tomó el demonio el Congreso de la República. Van a masacrar a los trabajadores y después les piden el diezmo en las iglesias para poder financiar las campañas de ellos”.
Sus comentarios generaron el rechazo de sus opositores políticos, particularmente entre congresistas pertenecientes al Centro Democrático y defensores de movimientos provida.
Por ejemplo, el congresista y líder provida Jonathan Silva reaccionó enérgicamente, calificando las palabras de Mondragón como una forma de “discriminación religiosa” y un discurso de odio.
Silva, a través de redes sociales, aseguró que había presentado una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que las declaraciones del congresista incumplen las leyes de respeto a la libertad religiosa y contribuyen a propagar intolerancia en el ámbito público.
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