Que los más ricos paguen la deuda del Gobierno por los montos no pagados de las tarifas de energía: esta es la polémica propuesta del ministro de Minas para la opción tarifaria

Una reciente propuesta del ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, ha desatado un intenso debate en el país.

Durante el evento Colombia Genera, organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) en Cartagena, Palma planteó que los estratos 4, 5 y 6, junto con los sectores comerciales e industriales, podrían asumir el pago de la deuda de la opción tarifaria correspondiente a los estratos 1, 2 y 3.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Esta deuda, que asciende a cinco billones de pesos, se originó durante la pandemia y había sido prometida como un compromiso del Gobierno Nacional.

Según el ministro, el pago podría realizarse en un plazo de hasta 10 años, pero la propuesta ha generado rechazo en diversos sectores.

Esta iniciativa surge tras el hundimiento de la ley de financiamiento que buscaba cubrir esta deuda. Palma justificó su propuesta argumentando que el sistema tributario colombiano debe basarse en la solidaridad, donde quienes tienen mayores recursos contribuyan más, de acuerdo con Caracol Radio.

Sin embargo, esta postura ha sido duramente criticada, especialmente en la región Caribe, donde líderes empresariales y organizaciones de usuarios han señalado que el Gobierno está incumpliendo compromisos previos.

El empresario barranquillero César Uparela calificó la propuesta como un “despropósito total”. En declaraciones al medio mencionado, recordó que el presidente Gustavo Petro había prometido en mayo de 2024, durante un evento en Barranquilla, que el Gobierno asumiría el costo total de la opción tarifaria.

En ese momento, la deuda ascendía a cinco billones de pesos. Uparela enfatizó que esta nueva propuesta contradice lo dicho por el mandatario y genera incertidumbre en el sector empresarial.

Por su parte, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la Región Caribe también expresó su rechazo.

Su coordinador, Norman Alarcón, exigió al Gobierno que cumpla con el compromiso adquirido y señaló que esta medida sería un nuevo incumplimiento, sumándose a la falta de acatamiento de medidas cautelares emitidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Estas medidas buscaban derogar el régimen especial tarifario que afecta a los usuarios de la Costa Caribe y reducir las tarifas eléctricas en la región.

Alarcón también cuestionó la justificación del ministro Palma, quien afirmó que el pago de la deuda estaba condicionado a la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso. Según el líder de la Liga de Usuarios, en ningún momento el presidente Petro mencionó esta condición cuando hizo su promesa.

Además, insistió en que la deuda debería ser asumida por la Nación mediante títulos de deuda pública, en lugar de trasladarla a los usuarios de estratos altos y sectores productivos.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, también se pronunció sobre el tema, recordando que la opción tarifaria fue una medida implementada por el Gobierno Nacional durante la pandemia para aliviar la carga económica de los usuarios más vulnerables.

Según Mac Master, esta deuda es una obligación del Estado y no debería ser transferida a los sectores comerciales e industriales. “El Estado colombiano, que fue quien asumió esta obligación, es el que debe responder por ella”, afirmó.

La propuesta del ministro Palma también ha generado preocupación en el sector energético. Según reportó Noticias RCN, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) advirtió en febrero que los recursos anunciados por el Gobierno para cubrir la deuda y los subsidios no serían suficientes para enfrentar la crisis financiera del sector.

Incluso se proyectó un posible aumento del 140 % en las tarifas de energía en algunas regiones del país si no se encuentra una solución adecuada.

La opción tarifaria fue implementada durante la pandemia como un mecanismo para diferir el pago de las facturas de energía de los estratos más bajos, permitiendo a las familias más vulnerables acceder al servicio sin interrupciones. Sin embargo, esta medida generó una deuda acumulada que, según cifras recientes, asciende a 3,1 billones de pesos a nivel nacional. En mayo de 2024, el presidente Petro aseguró que esta deuda sería asumida por el Gobierno mediante títulos de deuda pública, descartando la refinanciación como una alternativa viable.

Sin embargo, casi un año después, el compromiso no se ha cumplido. Según explicó el ministro Palma, la propuesta de asumir la deuda mediante una ley de financiamiento fue archivada en el Congreso, lo que llevó al Gobierno a explorar otras alternativas. En este contexto, la nueva propuesta de trasladar el pago a los estratos altos y sectores productivos ha generado un fuerte rechazo, especialmente en la región Caribe, donde las tarifas de energía ya son un tema sensible.