Contraloría reveló graves fallas del Estado en la reparación de las víctimas, tras 20 años de la Ley de Justicia y Paz

Al cumplirse 20 años de la implementación de la Ley de Justicia y Paz en Colombia, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió sobre la ineficacia en la gestión del Estado para garantizar una reparación efectiva a las víctimas.

Según señaló, el financiamiento de este sistema ha recaído casi en su totalidad sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN), en contravención a lo estipulado por la ley.

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“Quiero llamar la atención que, según la ley, el pago de indemnizaciones a las víctimas de Justicia y Paz debe seguir un orden específico. En primer lugar, se deben utilizar los recursos entregados por los postulados condenados. Solo cuando estos recursos sean insuficientes, se deben utilizar fondos del Presupuesto General de la Nación (PGN) para cubrir la diferencia. Sin embargo, la realidad muestra que este proceso no se ha llevado a cabo de manera efectiva”, precisó el Contralor.

El funcionario recordó que, si bien la legislación estableció que los bienes de los exparamilitares debían ser comercializados para financiar la reparación a las víctimas, esta medida no se ha materializado. En cifras, los victimarios han sido objeto de extinción de dominio sobre bienes avaluados en 24,37 billones de pesos; sin embargo, hasta la fecha, solo se han comercializado 42 bienes por un valor de 24.114 millones de pesos, lo que representa apenas el 1,22% del total.

Resultados limitados y problemas de judicialización

Durante el ‘Foro 20 años de la Ley de Justicia y Paz: Cifras y resultados’, la Contraloría reveló un informe en el que se señala que, pese a los esfuerzos institucionales, persisten deficiencias en la judicialización, la reparación de las víctimas y la reintegración de los postulados.

Según el reporte, entre 2005 y junio de 2024, el Estado ha destinado 17,7 billones de pesos al sistema de Justicia y Paz. De estos recursos, el 86,52% han sido manejados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), el 11% por la Fiscalía General de la Nación, el 2,05% por la Rama Judicial y el 0,24% por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

En cuanto a la judicialización, de los 260.198 hechos delictivos mencionados en versiones libres por los postulados, solo el 49,4% fueron imputados, y de estos, apenas el 11,85% llegaron a condenas. En total, 921 postulados han sido condenados por 15.236 hechos delictivos, lo que representa apenas el 15,8% de las víctimas reconocidas en las imputaciones.

Además, el contralor resaltó que la reintegración de los desmovilizados ha sido otro aspecto crítico. De los 1.836 postulados que siguieron en el proceso, solo 1.365 fueron acreditados para reintegración, y de estos, apenas el 24,24% culminó exitosamente su proceso. “A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha logrado una judicialización efectiva, una reparación integral para las víctimas ni una reintegración exitosa de los postulados”, enfatizó Rodríguez Becerra.

Una deuda pendiente con las víctimas

La Contraloría también puso en evidencia que el 95,53% de las indemnizaciones judiciales han sido asumidas con recursos del PGN, cuando la ley establecía que estos debían provenir en primer lugar de los bienes entregados por los victimarios. En el periodo 2012-junio de 2024, se realizaron 48.131 pagos de indemnización que beneficiaron a 29.862 víctimas por un valor de 1,11 billones de pesos, financiados mayoritariamente con recursos públicos.

El estudio también reveló que de los 15.177 bienes identificados, solo el 12,22% fueron entregados voluntariamente por los postulados, mientras que el resto debió ser identificado y sometido a procesos judiciales por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esto demuestra que los victimarios no han asumido la responsabilidad económica que les corresponde, dejando la carga en manos del Estado y de los contribuyentes colombianos.

Finalmente, el contralor hizo un llamado a los diferentes actores del Estado para corregir las fallas estructurales en la implementación de la Ley de Justicia y Paz y garantizar una reparación efectiva a las víctimas. “Más allá de un nivel de crítica destructiva, se trata simplemente de la imperiosa necesidad y obligación que tenemos los diferentes actores del Estado para mirar cómo, desde nuestras competencias, aprendemos de los errores cometidos y reafirmamos el camino mirando cómo construimos planes de acción que nos permitan corregir esos errores”, concluyó.