
Las disputas entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc han convertido al Catatumbo en un escenario de guerra sin tregua. A pesar de la presencia de las Fuerzas Militares, la violencia continúa afectando a la población civil, que queda atrapada en medio del fuego cruzado.
Según el más reciente informe de la Gobernación de Norte de Santander, el conflicto ha cobrado la vida de 86 personas, entre ellas siete firmantes de paz, tres líderes sociales, cuatro menores de edad y 72 civiles. Además, 57.318 personas han sido forzadas a abandonar sus hogares y otras 19.488 permanecen confinadas, temerosas de quedar en medio de las hostilidades.
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Las cifras oficiales también reportan 18 heridos y seis excombatientes desaparecidos. En cuanto a las entregas voluntarias, se han registrado 127 rendiciones por parte de integrantes del frente 33, tres del ELN y 27 menores de edad recuperados.
<b>Orígenes del conflicto</b>
Los enfrentamientos entre estos grupos armados iniciaron el 16 de enero, luego de la masacre de una familia presuntamente vinculada al ELN. Este hecho desató una ofensiva del grupo guerrillero contra las disidencias de las Farc, poniendo fin a un pacto de no agresión que ambas organizaciones mantenían en la zona.
De acuerdo con reportes de inteligencia militar, el ELN ya se estaba preparando para un eventual ataque contra el frente 33. La ruptura del acuerdo se habría producido por desacuerdos internos dentro de las disidencias y supuestas infiltraciones en sus filas, lo que llevó al ELN a responder con una ofensiva que incluyó el uso de explosivos y armamento de largo alcance.
<b>Civiles atrapados en la guerra</b>
Las consecuencias humanitarias han sido devastadoras. Miles de campesinos han debido abandonar sus tierras, mientras que otros permanecen atrapados en sus viviendas sin acceso a alimentos ni servicios básicos.
Los cuerpos de seguridad han encontrado 86 cadáveres, aunque las autoridades temen que haya más víctimas en zonas montañosas o enterradas en fosas clandestinas. Los organismos de derechos humanos han alertado sobre la posibilidad de más desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el contexto del conflicto.
<b>Militarización y minas antipersona</b>
Ante la magnitud de la crisis, la Fuerza Pública ha intensificado sus operaciones en la región con el propósito de recuperar el control territorial. Sin embargo, esto ha llevado a un recrudecimiento de los enfrentamientos y al uso de tácticas de guerra como la instalación masiva de minas antipersona en caminos estratégicos y terrenos agrícolas.

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Las autoridades han denunciado que los grupos armados ilegales han sembrado explosivos en parcelas y corredores clave de la región para frenar el avance militar, lo que ha puesto en peligro no solo a los uniformados, sino también a los habitantes de la zona.
A medida que la confrontación se prolonga, la situación en el Catatumbo sigue siendo alarmante. La población civil, atrapada entre la guerra y el desplazamiento, clama por soluciones que permitan frenar la violencia y devolver la tranquilidad a una región golpeada por décadas de conflicto armado.
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