Firmantes de paz de las extintas Farc vuelven a tener abogados para ser representados ante la JEP

La Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad) asumió oficialmente la responsabilidad de garantizar la defensa jurídica de los excombatientes de las antiguas Farc que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Este cambio se dio luego de que el contrato anterior, gestionado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), llegara a su fin, generando un periodo de incertidumbre para los firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016.

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Durante cuatro días los comparecientes quedaron sin representación legal, lo que puso en riesgo su derecho a la defensa y su cumplimiento ante la jurisdicción.

El nuevo convenio, que entró en vigor el 11 de marzo de 2025, fue firmado entre la Secretaría Ejecutiva de la JEP y la Fupad. Sin embargo, su implementación inicial presentó dificultades, ya que los firmantes de paz denunciaron que no se garantizaban condiciones mínimas de seguridad y confidencialidad para los abogados encargados de su defensa.

Esto llevó a la convocatoria de una reunión de alto nivel, en la que participó la Misión de Verificación de la ONU, con el objetivo de resolver los problemas y asegurar el funcionamiento del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (Saad).

El convenio actual busca garantizar la continuidad del trabajo legal y el acompañamiento en territorio para los firmantes de paz. Este sistema incluye un enfoque diferencial que toma en cuenta aspectos territoriales y de género, en línea con los principios del Sistema Restaurativo promovido por la JEP.

Además, el equipo de profesionales asignado al convenio está compuesto por abogados, psicólogos, analistas y asesores, que trabajarán de manera interdisciplinaria para fortalecer el Saad.

El contrato, que estará vigente hasta el 15 de diciembre de 2025, asegura la estabilidad laboral y financiera de los equipos jurídicos, incluyendo los gastos relacionados con traslados y viajes necesarios para cumplir con sus funciones.

Según el comunicado emitido por la Fupad, se mantendrán las mismas condiciones del contrato anterior, lo que incluye la duración de la vinculación y la estabilidad de los ingresos de los profesionales involucrados.

A pesar de la firma del nuevo convenio, los excombatientes expresa su descontento con la transición. Los firmantes señalaron que el periodo sin representación legal generó un “traumatismo” que aún no ha sido completamente resuelto. Además, denunciaron que el nuevo contrato no cumple con los estándares necesarios para garantizar la confidencialidad de la información ni las condiciones de seguridad en zonas donde persisten conflictos armados.

En una carta dirigida a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, los miembros de la denominada Defensa de Confianza de Comparecientes Firmantes de la Paz advirtieron que las condiciones actuales “debilitan de manera grave el ejercicio del derecho a la defensa” y podrían afectar el cumplimiento de sus obligaciones ante la jurisdicción.

Según el medio, la JEP respondió que el convenio ya había sido firmado antes de los reclamos y que los ajustes realizados eran de carácter administrativo.

La Fundación Panamericana para el Desarrollo, que ahora lidera el convenio, enfrenta el desafío de garantizar el pleno funcionamiento del Saad y responder a las necesidades de los 7.122 comparecientes activos que actualmente participan en los procesos judiciales de la JEP. La Fupad reconoció que algunos aspectos de la transición han requerido ajustes operativos, lo que generó dificultades en el inicio formal de las actividades. Sin embargo, la organización aseguró que trabaja para resolver estos inconvenientes en el menor tiempo posible.

El nuevo convenio también busca integrar enfoques que respondan a las particularidades de los territorios y las comunidades afectadas por el conflicto armado, con el objetivo de fortalecer la confianza en el sistema de justicia transicional. Para ello, se diseñaron estrategias que incluyen la participación de equipos interdisciplinarios y la implementación de medidas que garanticen la seguridad jurídica y personal de los comparecientes.

Con el objetivo de abordar las preocupaciones planteadas por los firmantes de paz, se ha programado una reunión entre el equipo de defensa, la JEP y la Fupad. Este encuentro será crucial para discutir los términos del acuerdo y garantizar que se cumplan las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a la defensa.

Los excombatientes esperan que esta reunión permita resolver los problemas pendientes y establecer un marco de trabajo que asegure la estabilidad y la confianza en el sistema.

El proceso de implementación del nuevo convenio representa un paso importante para la consolidación de la paz en Colombia, pero también pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la justicia transicional en un contexto marcado por la persistencia de conflictos y la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas y los comparecientes.