La Defensoría del Pueblo seccional del departamento de Santander le envió un amplio y contundente comunicado al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, en el que expresó su preocupación por la eliminación de los murales en la Puerta del Sol –que tenían el mensaje “las cuchas tienen razón”– y la instalación de una valla con el mensaje “No se compre un problema”.
Ante estos hechos, la institución citó al mandatario local a una reunión el viernes 21 de marzo del año en curso para abordar la situación y analizar las posibles violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión.
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A través de una misiva que publicó la Defensoría se expresó que la eliminación de los murales, según su punto de análisis, afectó derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la protesta, el derecho a la memoria histórica y el derecho de los familiares de personas desaparecidas a conocer la verdad.
En este sentido, en la carta el defensor del Pueblo de Santander, Jesualdo Arzuaga Ramírez, recordó que “la libertad de expresión es un derecho fundamental que incluye la posibilidad de expresar opiniones y denuncias, especialmente en contextos de protesta social”, por lo que borrar grafitis de denuncia podría interpretarse como “un intento de silenciar voces críticas y limitar el debate público sobre temas de interés social”.
La Defensoría también mencionó la sentencia T-281/21 de la Corte Constitucional, documento que reconoce la protección especial del discurso de denuncia social contra funcionarios y personajes públicos. De acuerdo con la entidad, los murales de la Puerta del Sol, que incluían mensajes como “Las Cuchas tenían razón” y “¿Quién dio la orden?”, habían sido realizados por organizaciones sociales, colectivos de víctimas, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general. Además, subrayó que estas jornadas de protesta contaron con el acompañamiento institucional del municipio y con la activación del Puesto de Mando Unificado para garantizar su desarrollo.
A pesar de estas garantías previas, la Defensoría cuestionó que la Alcaldía, a través del Departamento Administrativo de Espacio Público (Dadep), decidiera borrar los murales e instalar una valla con la frase “No se compre un problema”. En el comunicado, la entidad expresó su preocupación ante esta acción y advirtió que “la leyenda que invita a no comprar problemas de manera general estimula el abstenerse de opinar, limita la expresión fomentando el silencio y, de manera particular, afecta la memoria colectiva y minimiza la importancia de las denuncias realizadas, contribuyendo al escalamiento de la conflictividad social”.
Asimismo, la Defensoría indicó que la pancarta instalada por la Alcaldía no empleó “un lenguaje acertado a propósito de las amenazas a líderes y defensores de derechos humanos”, y enfatizó que la administración pública debía utilizar “mecanismos institucionales y no mensajes que pueden contribuir a la estigmatización y escalamiento de las violencias”.
Por todo lo anterior, la Defensoría del Pueblo solicitó formalmente a la Alcaldía de Bucaramanga que “disponga el retiro de la pancarta que advierte sobre «No se compre un problema»” y que se abstenga de autorizar cualquier intervención en el muro de las Hormigas, espacio donde se encontraban los murales. Además, convocó a una reunión preparatoria el viernes 21 de marzo en su sede, con el fin de generar un espacio de diálogo entre las partes involucradas y atender las problemáticas de fondo.
Finalmente, la entidad reiteró su llamado a no borrar la discusión ni “tapar el problema con pintura”, sino a promover un debate amplio y constructivo sobre los derechos de las víctimas y la importancia de la memoria histórica en el espacio público.
Al alcalde le solicitaron la presencia obligatoria en la reunión “sin delegación” del alcalde Beltrán, así como del director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, de la directora del Instituto Municipal de Cultura. Incluso, invitaron a la Procuraduría y a la Personería de Bucaramanga.
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