El ataque con granada que dejó tres muertos y más de diez heridos ha puesto en evidencia la creciente violencia en el barrio San Bernardo, ubicado en el centro de Bogotá.
Según informó la Policía Nacional, el hecho es parte de una disputa entre dos bandas criminales, Los Venecos y Los Costeños, que buscan controlar el tráfico de drogas en la zona. Este conflicto ha convertido al sector en un nuevo foco de inseguridad, similar al antiguo Bronx, conocido en su momento como una de las áreas más peligrosas de la capital colombiana.
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De acuerdo con declaraciones del general Rosemberg Novoa, director encargado de la Policía, las investigaciones han permitido identificar a los responsables del ataque con granada.
El oficial aseguró que en los próximos días se llevarán a cabo capturas relacionadas con este hecho. “Tenemos conocimiento claro de quiénes fueron los victimarios de la noche anterior, lo que nos permite indicar que en los próximos días habrá resultados materiales en cuanto a capturas e intervenciones”, afirmó en una rueda de prensa.
Además, Novoa detalló que ambas bandas han recurrido a la instrumentalización de habitantes en condición de calle para la distribución de drogas en el barrio San Bernardo. Esta práctica, que ya había sido observada en el desaparecido Bronx, ha permitido a los grupos criminales expandir su control territorial y aumentar sus ingresos ilícitos.
En respuesta a la creciente violencia, las autoridades han anunciado una serie de medidas para debilitar las finanzas de Los Venecos y Los Costeños.
Según informó el general Novoa, se adelantarán procesos de extinción de dominio contra los inmuebles utilizados para actividades ilícitas. “Se realizarán acciones importantes como la extinción de dominio sobre bienes inmuebles que son utilizados para cometer hechos delictivos. Esto nos permitirá impactar significativamente las finanzas de estos actores criminales”, explicó el oficial.
Estas acciones buscan no solo desarticular las operaciones de las bandas, sino también enviar un mensaje claro de que las actividades ilegales no serán toleradas en la ciudad.
Según comentó el general, la Policía y la Fiscalía trabajan de manera conjunta para identificar y confiscar propiedades que sirvan como centros de operación para estas organizaciones.
Entretanto, el Distrito de Bogotá, en colaboración con la Secretaría de Educación (SED), la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, ha implementado medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes en colegios oficiales y privados cercanos al barrio San Bernardo, ubicado en el centro de la ciudad.
Estas acciones se producen tras los recientes hechos de violencia registrados en la noche del miércoles 12 de marzo de 2025, en la intersección de la calle Tercera con carrera Décima, en la localidad de Santa Fe.
Según informó la administración distrital, las medidas buscan proteger a la comunidad educativa y mitigar los riesgos en los desplazamientos de los estudiantes.
En respuesta a los recientes hechos de violencia, la Secretaría de Educación ha dispuesto una ruta escolar que beneficia a aproximadamente 30 estudiantes de la sede B del Colegio Antonio José Uribe. Esta medida tiene como propósito principal garantizar que los alumnos puedan desplazarse de manera segura por el sector, minimizando los riesgos asociados a la inseguridad en la zona.
Asimismo, se ha implementado un ejercicio de búsqueda activa y acompañamiento a las familias de los estudiantes. Este esfuerzo tiene como finalidad asegurar el retorno y la asistencia de los niños y niñas al colegio, brindando apoyo integral para que puedan continuar con su proceso educativo sin interrupciones.
La coordinación entre la Secretaría de Educación del Distrito, la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia refleja el compromiso del Distrito por garantizar la seguridad en los entornos escolares. Estas entidades trabajan de manera conjunta para abordar los desafíos de seguridad en zonas como San Bernardo, donde la violencia y la inseguridad representan un riesgo significativo para la comunidad educativa.
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