Un estudio de la firma internacional de contadores Crowe Co reveló las potenciales consecuencias negativas del Decreto 0175 de 2025, con el que se establecieron las medidas tributarias del Estado de conmoción interior y recaudar $3 billones para financiar los gastos extraordinarios y restablecer el orden público en la región del Catatumbo, Norte de Santander.
De acuerdo con el socio director de Impuestos y Servicios Legales de la entidad, Pedro Sarmiento, autor del informe, “estas medidas, lejos de aumentar el recaudo que necesita el Gobierno nacional, podrían tener un efecto bumerang, frenando la inversión, reduciendo la actividad económica y aumentando la evasión fiscal”.
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El incremento fiscal impactará de manera directa a las plataformas de juegos de azar y casinos en línea, a las empresas extractivas de hidrocarburos, a las entidades financieras y de comercio, así como a las compañías del sector de la construcción.
Juegos de suerte y azar en Internet
La imposición de un IVA del 19% a los depósitos de las apuestas en línea incrementaría la carga fiscal entre un 15% y 20 %. Esto resultaría en un aumento del costo de los servicios para los usuarios (10% al 15%), una reducción de la participación de los clientes (20%), disminución de los ingresos (15% al 20 %), y un incremento en la carga administrativa (30%).
“Además, se prevé un aumento del riesgo de evasión, con al menos el 20% de los jugadores migrando a plataformas ilegales”, aseguró Sarmiento.
Sector extractivo
El nuevo impuesto especial del 1% sobre la venta interna y exportación de hidrocarburos incrementaría los costos operativos entre un 2,2% y un 2,3%, lo que reduciría las inversiones extranjeras (10% al 15%) y la competitividad internacional (3% al 5%).
La no deducibilidad del tributo en tratados internacionales también afectaría de manera directa los ingresos brutos de las exportaciones, lo que incrementará la evasión fiscal hasta en un 10%. “Asimismo, se prevén mayores dificultades para realizar proyectos extractivos, reduciendo la producción entre un 5 y un 8%, impactando el empleo en las regiones que dependen de este sector”, indicó el experto.
Sector financiero y comercial
La reimposición del impuesto de timbre del 1% sobre las operaciones financieras elevaría los compromisos tributarios entre un 1% y 1,5%. Esto impactaría la rentabilidad (hasta un 5%), incrementaría la carga administrativa (5% al 8%), reduciría las solicitudes de nuevos créditos (20% al 25%), y disminuiría la inversión extranjera (hasta un 30%).
Sector de la construcción e infraestructura
Similar al sector financiero, la implementación del impuesto de timbre incrementaría la carga fiscal de las empresas del sector construcción e infraestructura entre 1% y 1,5%. De igual manera, se espera un aumento en los costos de financiamiento (20% al 30%), lo que reduciría la ejecución de obras públicas y privadas (10% al 15%).
“Esto impactaría directamente la compra de vivienda (disminuiría en 5% y 10%) y bajarían las inversiones en infraestructura (20% al 25%), afectando la generación de empleo y el crecimiento del sector”, alertó.
Seis impactos directos del decreto que afectarán el bolsillo
- Los usuarios de plataformas por internet recibirán menos dinero por apuestas. Por ejemplo, si una persona deposita $1.190.000, el IVA descontado será de $190.000, dejando solo $1.000.000 disponibles para jugar. De igual manera, las plataformas de azar y casinos en línea disminuirían los premios y promociones para compensar el impuesto.
- El aumento de la carga impositiva en el sector minero energético podría causar un incremento en el precio de la gasolina y el diésel.
- Subiría el precio de la electricidad, en especial, en regiones donde el carbón es una fuente importante de generación energética.
- Incrementarían los créditos hipotecarios y de consumo.
- Los bancos podrían trasladar el nuevo impuesto a los clientes mediante tasas de interés más altas o nuevos costos administrativos.
- Sería más costoso comprar vivienda, debido a que las constructoras que financian proyectos con créditos enfrentarían mayores costos, elevando el precio final de los inmuebles.
Otras consecuencias económicas encienden las alarmas
Las medidas del decreto de Estado de conmoción interior podrían tener un impacto negativo mayor al esperado, ya que se afectaría de manera preocupante el empleo, la inversión, la producción y la estabilidad económica del país, lo que exacerbaría fenómenos como la desigualdad social y la pobreza en varias zonas del territorio.
“Las regiones más impactadas serán aquellas donde la extracción de hidrocarburos y carbón representa una parte significativa del PIB local y del empleo, entre ellas, el Catatumbo (Norte de Santander), los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril (Cesar), El Cerrejón, Maicao y Albania (La Guajira) y los departamentos del Meta, Casanare y Arauca, que viven principalmente de la explotación de gas y petróleo”, advirtió Pedro Sarmiento.
En cuanto al impacto directo sobre la economía local, el decreto generará menos ingresos fiscales, “pues si la producción y exportación de hidrocarburos se reducen, los gobiernos regionales recibirán menos recursos de regalías y tributos”.
De igual forma, añadió que una mayor carga fiscal en esta industria “desincentivaría la inversión de las empresas extractivas, debido a que tendrían que asumir más costos operativos”.
Pobreza e informalidad
Con relación a los efectos en materia de pobreza e informalidad, el crecimiento económico regional podría tener una mayor desaceleración, en especial en La Guajira y el Cesar, donde el sector minero energético es la principal fuente de trabajo de la comunidad.
“Esta falta de oportunidades y de alternativas económicas podría aumentar la dependencia hacía las actividades informales, incluso las ilícitas”, comentó el socio director de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co.
Finalmente, el estudio prendió las alarmas por lo que podría significar un aumento de la migración forzada en Bogotá, Medellín y Barranquilla a raíz de la disminución de oportunidades laborales en los departamentos afectados por el conflicto actual, lo que profundizaría aún más la desigualdad urbana y generaría una sobrecarga a los servicios públicos en estos centros urbanos.
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