Siguen los escándalos de un proyecto solar en Colombia, consorcio perteneciente a amigos de hijo de Petro

El Parque Solar Urrá 19.9, una ambiciosa obra destinada a generar energía limpia en Colombia, se encuentra en el centro de una controversia que ha escalado hasta los tribunales.

El contrato para la construcción de este parque solar, firmado el 21 de julio de 2021 por un valor de 76.058.498.700 pesos colombianos, debía culminar en septiembre de 2022, según lo informó Semana.

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Sin embargo, casi tres años después de la fecha pactada, el proyecto no ha sido entregado en su totalidad, lo que llevó a la Hidroeléctrica Urrá a terminar anticipadamente el contrato y activar cláusulas penales contra el consorcio responsable, Luxpower 2022.

El consorcio, integrado por la empresa colombiana Luxim Ingeniería S.A.S. y Powerchina International Group, ha sido señalado por incumplimientos reiterados y exigencias económicas desproporcionadas. Entre los propietarios de Luxim Ingeniería se encuentran David Cerón y Luz Amparo Muñoz Petro, quienes, según el medio, son cercanos a Nicolás Alcocer Petro, hijo de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer. Este vínculo ha generado aún más polémica en torno al caso.

El contrato original estipulaba la construcción de un parque solar de más de 34 hectáreas, con 37.527 paneles solares, que debía estar operativo en septiembre de 2022. Sin embargo, los problemas comenzaron desde las primeras etapas del proyecto, según el medio mencionado.

El consorcio Luxpower 2022 presentó múltiples reclamos argumentando un supuesto “desequilibrio financiero” y solicitó un desembolso adicional de 60.900 millones de pesos, casi el valor total del contrato original. La hidroeléctrica rechazó esta solicitud, calificándola como carente de pruebas sólidas.

A pesar de las dificultades, Urrá otorgó varias prórrogas para que el consorcio cumpliera con sus obligaciones. La primera extensión, firmada el 25 de enero de 2023, amplió el plazo en 187 días. Posteriormente, el 31 de julio del mismo año, se concedieron cinco meses adicionales, y una tercera prórroga, firmada el 30 de abril de 2024, extendió el plazo hasta el 31 de julio de 2024. Sin embargo, el consorcio continuó incumpliendo los términos del contrato.

El incumplimiento persistente llevó a la hidroeléctrica a imponer una multa el 10 de diciembre de 2024 por los 131 días de retraso acumulados desde la última fecha acordada. Según Semana, esta sanción ascendió a 7.605.849.870 pesos, equivalente al 10 % del valor total del contrato, que era el límite permitido por la ley.

Además, Urrá notificó a la aseguradora sobre el siniestro y advirtió que se generarían intereses de mora desde la fecha de notificación.

A pesar de las sanciones, el consorcio no cumplió con la entrega completa del proyecto. En enero de 2025, Luxpower 2022 presentó una nueva reclamación por “desequilibrio financiero”, esta vez por 77.266.126.272 pesos, una cifra incluso superior al monto original del contrato. La hidroeléctrica rechazó nuevamente esta solicitud, argumentando que las pruebas presentadas eran insuficientes y abstractas.

Finalmente, el 6 de febrero de 2025, el presidente de Urrá, Eduardo Díaz Pérez, firmó la terminación anticipada del contrato por incumplimiento total. Esto activó una cláusula penal equivalente al 20% del valor del contrato, es decir, 15.316.997.740 pesos. En total, Urrá exige al consorcio el pago de 22.922.847.610 pesos, sin incluir los intereses de mora.

En declaraciones recogidas por Semana, Eduardo Díaz Pérez explicó que, al momento de la terminación del contrato, el proyecto tenía un avance del 99.5.

Sin embargo, faltaban elementos clave para su funcionamiento, como un software denominado Scada, necesario para activar los paneles solares, y los estudios de funcionamiento requeridos antes de la puesta en marcha. Según Díaz, estos elementos, aunque no representan un gran costo, son esenciales para que el parque solar entre en operación.

El presidente de Urrá detalló que la compra del software y las pruebas necesarias podrían tomar entre tres y cuatro meses, con un costo estimado de 800 millones de pesos. Estos recursos provendrán de la siniestralidad y no se sumarán al presupuesto original del contrato. La meta es que el parque solar esté operativo antes del 31 de julio de 2025.

El retraso en la entrega del proyecto ha tenido un impacto económico significativo. Según Semana, la hidroeléctrica, vinculada al Ministerio de Hacienda, ha dejado de percibir aproximadamente 7.000 millones de pesos desde el 31 de julio de 2024, fecha en la que el parque solar debía estar en funcionamiento. Una vez operativo, se espera que el parque genere 41 gigavatios hora de energía al año, lo que podría representar ingresos mensuales de 1.000 millones de pesos para la empresa.

En cuanto a las acciones legales, Eduardo Díaz Pérez aseguró que Urrá continuará con los procesos judiciales para recuperar los recursos perdidos. Esto incluye el cobro de la multa, la cláusula penal y la activación de las pólizas de garantía. “No nos quedamos quietos”, afirmó el presidente de la hidroeléctrica.