El Ministerio de Justicia, como ente rector del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN), se pronunció tras las críticas generadas por la eliminación del derecho de preferencia en el nombramiento de notarios de carrera.
La entidad aseguró que la decisión se tomó dentro del marco legal y no de manera arbitraria.
El tema cobró notoriedad luego de un programa de La W se mencionara el reciente nombramiento de Daniela Andrade en la Notaría 36, una de las más importantes del país.
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Su designación generó cuestionamientos, ya que previamente había trabajado en la Fiduprevisora y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde su participación en algunos contratos ha sido objeto de debate.
La controversia se centra en que Andrade, al igual que otros funcionarios, habría sido beneficiada por la revocatoria del derecho de preferencia para notarios de carrera, eliminada el 20 de mayo de 2024 por el CSCN. La anulación de esta norma permitió que personas sin trayectoria notarial accedieran a cargos en notarías vacantes, lo que generó críticas sobre la transparencia del proceso.
Frente a estos señalamientos, el Ministerio de Justicia aseguró que la revocatoria se llevó a cabo debido a la falta de un marco regulador aprobado por el Congreso.
“La decisión de revocar el procedimiento para la aplicación del derecho de preferencia responde exclusivamente a la necesidad de garantizar la legalidad y el respeto por el principio de reserva de ley, asegurando que cualquier regulación sobre esta materia sea expedida por el Congreso de la República, conforme lo dispone la Constitución”, explicó la entidad en un comunicado.
La cartera de Justicia también señaló que en 2022 se intentó establecer un protocolo interno para aplicar este derecho, pero tras una consulta elevada al Consejo de Estado, se concluyó que el procedimiento no podía ejecutarse sin una regulación formal expedida por el Congreso.
“Bajo estas consideraciones, el CSCN rechaza enfáticamente las afirmaciones que buscan deslegitimar su actuación mediante insinuaciones infundadas sobre motivaciones personales en sus decisiones o que se relacionan con actos sospechosos o estrategias para dar flexibilidad al nombramiento de notarios”, precisó la entidad.
Más allá de la polémica sobre los nombramientos, el Ministerio de Justicia abordó la situación financiera de algunas notarías que enfrentan dificultades económicas debido a sus bajos ingresos.
La entidad afirmó que se han explorado opciones para mejorar la política de subsidios, aunque hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo, ya que persisten diferencias en las cifras requeridas.
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El debate sobre la reglamentación del derecho de preferencia sigue abierto, y cualquier posible restitución dependerá de futuras decisiones del Congreso.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que cualquier modificación en las normas de la carrera notarial deberá seguir los principios de legalidad y transparencia.
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