
El 21 de febrero de 2024, Hernán Roberto Franco, un reconocido auditor, fue asesinado en un acto sicarial en el exclusivo parque de la 93, en Bogotá.
Franco había advertido a su círculo cercano que temía por su vida debido a un informe confidencial que estaba a punto de presentar, de acuerdo al medio Semana.
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Este documento, que revelaba presuntos malos manejos financieros y saqueos en la empresa El Arrozal, se convirtió en el eje central de una investigación que, un año después, aún no ha identificado a los autores intelectuales del crimen.
De acuerdo con el medio citado, el informe que Franco planeaba entregar el día de su asesinato contenía pruebas contundentes sobre irregularidades en la administración de El Arrozal, una empresa que alguna vez fue parte de una próspera cadena de almacenes fundada por el empresario Roberto Romero.
Tras la muerte de Romero, la compañía quedó en manos de sus herederos, quienes, divididos por disputas familiares, llevaron al negocio al borde de la bancarrota.
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El documento elaborado por Franco detalla cómo la empresa estaba siendo saqueada sistemáticamente. En el apartado titulado “Plan financiero”, se describen graves deficiencias en la gestión administrativa, como la falta de personal calificado, ausencia de control sobre los recursos y la inexistencia de un flujo de caja diario.
Además, se menciona que uno de los accionistas utilizaba camionetas de su empresa de seguridad para retirar dinero en efectivo sin rendir cuentas.
El informe incluye un análisis financiero que evidencia el colapso de la compañía. En una tabla comparativa de ventas entre 2023 y 2024, se registran caídas de entre el 34% y el 191% en los 17 almacenes de la sociedad en Bogotá. Estas cifras, según el auditor, eran una prueba irrefutable del saqueo que estaba ocurriendo.
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De acuerdo con la fuente mencionada, Franco recomendó medidas drásticas para salvar la empresa, como la venta de acciones, la búsqueda de un socio estratégico y la implementación de protocolos de seguridad para proteger las finanzas.
Sin embargo, estas propuestas no llegaron a ser discutidas en la junta de accionistas, ya que el auditor fue asesinado antes de poder presentar su informe.
Bastidas, quien adquirió el 46 % de las acciones a través de la sociedad Dicomer S.A.S., delegó la representación de su participación a Franco. Según el informe del auditor, Bastidas también fue víctima de los malos manejos dentro de la empresa, lo que lo llevó a solicitar la auditoría que destapó el saqueo.
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Las tensiones entre los accionistas se intensificaron cuando Jonathan Romero asumió el control de la administración de la empresa, decisión que fue rechazada por otros miembros de la familia. En una asamblea de accionistas, Fidelina Escobar denunció que Romero había obtenido el control de manera ilícita y que sus acciones estaban perjudicando a la compañía.
En un audio obtenido por el medio citado, Franco relata un enfrentamiento con Jonathan Romero y su hijo, a quienes acusó de estar involucrados en el saqueo de la empresa. “Le dije: ‘Se va de aquí, usted no me asusta, grosero, inmundo, y se larga de mi oficina ya’. Porque estaba robando en El Arrozal”, se escucha decir al auditor en una grabación de noviembre de 2023.
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Franco también había preparado una carta dirigida a los accionistas, en la que detallaba quiénes eran los responsables del saqueo. Sin embargo, ni esta carta ni el computador donde estaba almacenada han sido revisados por la Fiscalía.
La Fiscalía solo ha capturado a dos de los autores materiales del crimen. El ente acusador cuenta con un amplio conjunto de pruebas, incluidas llamadas, documentos y audios, pero no ha avanzado en la identificación de los autores intelectuales.
El medio también reveló que existen dos pruebas clave que no han sido exploradas a fondo: el computador del auditor y su teléfono celular, que está en manos de un familiar. Este último habría sido manipulado para borrar información sensible.
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