El Campín, otra vez en la mira por denuncias de un concejal: un pago de $26.101 millones desató un cruce con el Idrd por el contrato con Sencia

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, denunció un presunto pago irregular por 26.101 millones de pesos vinculado a la Asociación Público Privada (APP) del estadio El Campín, operada por la empresa Sencia.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) respondió a las acusaciones y defendió la legalidad del contrato, lo que derivó en una réplica del concejal que mantuvo abiertos los cuestionamientos sobre el caso.

Cabe señalar que horas después del cruce, la entidad distrital anunció la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio contra la concesionaria, aunque por un motivo distinto al denunciado por el concejal.

En su primer mensaje publicado en la red social X, Quintero señaló tres hechos que, a su juicio, deben ser investigados por los organismos de control. El primero refiere a un pago de $26.101.691.506 que Sencia efectuó el 28 de octubre de 2024 a APP CDEC S.A.S., la sociedad que originó el proyecto de la concesión y que finalmente resultó adjudicataria.

El concejal preguntó “por qué se reconocieron costos de estructuración al mismo originador que se quedó con la concesión, si la Ley 1508 de 2012 contempla ese reconocimiento cuando el originador no resulta seleccionado”.

El segundo punto de la denuncia apunta a una modificación en los términos del contrato. Según Quintero, “la minuta original establecía que los costos de estructuración se reconocerían si ganaba un tercero. Pero esa condición cambió en el contrato firmado y permitió el pago a APP CDEC S.A.S.”. El concejal exigió saber “quién modificó esa cláusula, quién autorizó el pago y cuál fue su justificación jurídica”.

El tercer hallazgo señalado por Quintero corresponde a un otrosí firmado en julio de 2025 que amplió los plazos del proyecto: la etapa de preconstrucción pasó de 12 a 16 meses, la de construcción de 42 a 44 meses, y el plazo para acreditar el cierre financiero se extendió de 360 días a 15,5 meses.

El concejal cuestionó además que el acuerdo permitiera “mantener la explotación completa del viejo estadio durante las obras”, y pidió al Idrd que explique “por qué consideró que estos cambios no alteraron la naturaleza del contrato”. Además, aclaró: “No estoy cuestionando las APP como modelo. Estoy exigiendo transparencia, rigor y legalidad en una concesión que compromete el futuro de un escenario emblemático de Bogotá”.

La respuesta del Idrd

La cuenta oficial de la entidad respondió la publicación del concejal en X y aseguró que el asunto “no es nuevo”. La entidad afirmó que ya había respondido de manera oficial a la Contraloría de Bogotá el 28 de febrero de 2025, mediante el radicado 20251010055731, con explicaciones y soportes contractuales sobre el caso.

El instituto distrital aclaró además que el Distrito no desembolsó recursos públicos por ese concepto, ya que se trataría de “una obligación asumida por Sencia a favor de APP CDEC S.A.S., dos sociedades jurídicamente distintas”.

Sobre la validez del pago, la entidad sostuvo que los costos fueron validados desde 2023, antes de la adjudicación del contrato, y que su reconocimiento “quedó contemplado desde la evaluación de factibilidad del proyecto”. El Idrd agregó que la Ley 1508 de 2012 “no prohíbe expresamente pactar este reconocimiento cuando el originador resulta adjudicatario”.

La réplica del concejal y el anuncio de una auditoría

Quintero respondió al Idrd y mantuvo sus cuestionamientos. “Que el IDRD haya enviado una respuesta a la Contraloría en febrero de 2025 no significa que el asunto haya quedado saldado”, escribió, y recordó que ese organismo de control anunció una auditoría integral a la APP de El Campín para establecer el estado de cumplimiento contractual, afirmando que deberá incluir un análisis sobre el pago a APP CDEC S.A.S.

El concejal también precisó que su denuncia nunca sostuvo que los 26.101 millones de pesos salieran del presupuesto del Idrd, sino que Sencia pagó esa suma a APP CDEC S.A.S. por costos de estructuración, pese a que, según su interpretación de la ley, ese reconocimiento solo aplica cuando el ganador de la licitación es un tercero distinto del originador.

Sobre el argumento del Idrd de que el reconocimiento estaba previsto desde la etapa de factibilidad, Quintero lo calificó de contradictorio. “La minuta publicada en el proceso de selección abreviada decía expresamente que esos costos se reconocerían en caso de que el originador no resulte adjudicatario”, señaló, condición que, afirmó, “desapareció” en el contrato firmado y dejó a Sencia obligada a pagar.

El concejal insistió en que persisten interrogantes sobre quién modificó esa cláusula, por qué se realizó el cambio y con qué fundamento jurídico, y quién tomó la decisión con qué soportes técnicos y financieros. Quintero afirmó además que su equipo revisó otros contratos de asociación público privada en Bogotá y Cartagena, entre ellos los de la ALO Sur, Accesos Norte, el aeropuerto Rafael Núñez y el Coliseo El Campín (hoy Movistar Arena), y que en ninguno de ellos encontró un tratamiento similar para los costos de estructuración. “Los documentos están ahí, pero las explicaciones todavía no”, concluyó.

El Idrd abre proceso sancionatorio contra Sencia por el estado de la gramilla

Horas después de este intercambio de mensajes, el Idrd confirmó la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio contra Sencia, aunque por un motivo distinto al que había denunciado Quintero. La actuación se originó en un informe de presunto incumplimiento enviado por la interventoría del contrato de concesión, vinculado con el estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín.

La entidad citó a los representantes de la concesionaria a una audiencia pública el 29 de octubre, a las 9:00 a. m., para que presenten sus descargos, en un trámite que se regirá por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. El proceso podría derivar en una multa, aunque la entidad aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre responsabilidades ni un monto fijado. El Idrd informó además que reforzó desde el 20 de octubre las exigencias de seguimiento a la interventoría de cara al concierto del artista Ryan Castro, programado para el 31 de octubre en el estadio.

El propio concejal Quintero celebró el anuncio de la entidad, aunque lo calificó de tardío.

“El control político a veces es el despertador de una administración dormida”, escribió el concejal, quien consideró inadmisible que la Alcaldía de Bogotá “consienta a un contratista que incumple mientras el alcalde se limita a poner trinos”. El concejal añadió que el procedimiento debió anunciarse antes y cuestionó si la entidad habría actuado sin la insistencia de los concejales durante las últimas semanas.