
Continúa la polémica entre el Gobierno nacional y el contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, que se encuentra encarcelado en un centro penitenciario de Portugal por el delito de lavado de activos.
A los presuntos aportes de Marín por un valor de $500 millones a la campaña presidencial de Gustavo Petro, se sumó el testimonio del abogado Daniel García Colorado ante la Fiscalía General de la Nación, sobre reunión del mandatario con el señalado contrabandista cuando era candidato presidencial. Además de las declaraciones del saliente ministro de Defensa, Iván Velásquez, que admitió que el Gobierno estaba al tanto de las operaciones del contrabandista.
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El jefe de cartera explicó que tenían conocimiento de la influencia de Marín Buitrago en varias instituciones estatales como la Policía Nacional, que le otorgaba protección, además de gozar de beneficios políticos y económicos.
“Una de las primeras muy rápidas inquietudes fue por qué no ha pasado nada en el país respecto del señor Diego Marín Buitrago. Porque cuando hay un conocimiento de años sobre las actividades de contrabando de él y su organización, no ha pasado nada. Y me enteré de muchas protecciones que hubo de muchos ámbitos, políticos, económicos y también desde la Policía Nacional, particularmente”, indicó durante la presentación del centro recreativo para soldados profesionales activos de Colombia, ‘San Pedro’.
Incluso, dijo que para intentar disminuir su poder en el país, ordenó de manera inmediata información sobre Marín, pero encontró investigaciones congeladas en su contra.
“Pedí que se buscara lo que había sobre este señor y efectivamente me informaron de una investigación que había sido paralizada años antes y estaba en el olvido”, dijo el titular de la cartera de Defensa.

Así las cosas, se reunió con el entonces director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, y también con Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“Cuando él concluyó su función en la Dian, yo ya no estaba de esa manera involucrado en las investigaciones y en el funcionamiento, inclusive hasta de la propia Dian o de varias cosas que sucedían alrededor de eso”, dijo el ministro, que agregó que luego de esto hubo conversaciones con Policía, Fiscalía, Dijín y el área de contrainteligencia de Dipol.
Por otro lado, el ministro Velásquez anunció que permanecerá en el cargo hasta el 20 de febrero de 2025 y dijo que su renuncia no está relacionada con las filtraciones de documentos de inteligencia de la Fuerza Pública ante la Corte Constitucional.
Detalles de lo que sucedió con los documentos en la Corte Constitucional

Con respecto a la divulgación de información clasificada, calificó el asunto como un error en el manejo de documentos de alto nivel de seguridad en la página web del alto tribunal.
Cabe recordar que, los documentos compartidos por el Ministerio de Defensa para justificar la conmoción interior decretada en el Catatumbo, semanas atrás, contenían más de 200 folios con información sensible que afectaba directamente la seguridad nacional. La filtración expuso detalles clave sobre las operaciones militares y actividades de grupos armados ilegales, lo que generó preocupación dentro de las Fuerzas Militares.
Fuentes cercanas al caso indicaron que, al momento de presentar los documentos ante la Corte Constitucional, el Gobierno nacional no especificó que se trataba de material reservado. Este descuido fue la causa de que la documentación fuera cargada a la plataforma digital de la Corte Constitucional sin ningún tipo de medida de seguridad, lo que permitió a diversos usuarios acceder a los archivos sin ningún tipo de restricción. Varias personas, sin saber que la información era confidencial, descargaron libremente los documentos, lo que multiplicó el alcance de la filtración.
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