La población indígena embera que reside en Bogotá sigue afrontando situaciones complejas, derivadas de su condición de vulnerabilidad. De acuerdo con un comunicado de la Alcaldía de Bogotá, un menor de edad que estaba alojado en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, falleció el 15 de febrero de 2025. Su muerte se presenta una semana después de que otro menor de la UPI La Rioja muriera.
Según la administración distrital, el menor empezó a presentar problemas de salud que generaron alerta. En consecuencia, se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU). Para lograr su estabilización, el 5 de febrero, fue trasladado a una unidad de servicios de salud en Engativá. Posteriormente, fue llevado hasta la Unidad de Servicios de Salud (USS) Simón Bolívar, que es de mayor complejidad.
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“Desde la Secretaría de Gobierno se coordinó el apoyo de traducción, mientras que la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, junto con la Secretaría Distrital de Salud, brindó atención psicosocial y acompañamiento durante la atención en el centro de salud”, precisó la administración.
Pese a los esfuerzos de los funcionarios de las diferentes entidades, el menor de edad, cuya afección de salud no fue revelada, falleció. No obstante, su caso implicó la ejecución de una investigación epidemiológica por parte del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) en la UPI donde estaba alojado.
La realidad en los centros de alojamiento transitorios La Rioja y La Florida es que la población indígena que allí reside necesita atención médica continua, por lo que es “crucial” que los equipos de salud hagan constantes monitoreos para evitar brotes epidémicos. Según los datos presentados en el comunicado, en 2024 más de 8.500 personas de las UPI estuvieron hospitalizadas; además, se adelantaron 1.837 atenciones a los niños y las niñas menores de cinco años en la Unidad de Atención Integral Comunitaria (Uaic). Actualmente, hay 15 personas hospitalizadas.
De igual manera, se están completando esquemas de vacunación y dispensando medicamentos a los ciudadanos allí asentados que los requieren. Cada semana, profesionales están llevando a cabo jornadas de salud; en 2024 se realizaron 6.542 atenciones semanales y ya se han hecho 120 en lo corrido de 2025.
La necesidad de garantizar el retorno de las familias
No obstante, la calidad de vida de los ciudadanos embera sigue siendo compleja, empezando porque su permanencia en las UPI debería ser temporal, pero llevan más de cuatro años esperando procesos de retorno y reubicación en sus regiones de origen. En consecuencia, la administración distrital instó al Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, a agilizar las labores para garantizar el regreso de las familias.
“El Distrito lamenta profundamente esta situación y reafirma su compromiso con la atención a esta población, poniendo a disposición toda la oferta distrital disponible. Así mismo, se hace un llamado al Gobierno Nacional para recordar la urgencia de que las entidades nacionales redoblen esfuerzos en el trabajo interinstitucional, con el fin de llevar a cabo los procesos de retorno y reubicación de la comunidad”, indicó en el comunicado.
Por su parte, la Secretaría de Salud y la Alta Consejería insistieron en la necesidad de que la población indígena que se aloja en las UPI permita el ingreso seguro de los equipos médicos a las instalaciones y a albergues temporales dispuesto para ellos.
Así las cosas, se están intensificando las atenciones a la comunidad embera para identificar riesgos y prevenir afectaciones serias en su salud. Por eso, también se han dispuesto ambulancias que permanecen afuera de los puntos de alojamiento en los que están los ciudadanos, para que, si se requiere, sean tras trasladados con inmediatez a los centros de salud más cercanos.
“Todas las acciones de la Administración están orientadas a la salvaguarda de los derechos de la comunidad, especialmente de los niños, niñas y adolescentes”, precisó.
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