Continúa la incertidumbre en la costa Caribe por el panorama energético que vive la región, por la situación actual de las prestadoras de servicio Air-e y Afinia, que se enfrentan a graves problemas financieros.
La filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM) tiene una deuda superior a los $300.000 millones, lo que pone en riesgo la prestación del servicio en todo el territorio. Lo mismo ocurre con Air-e, que solicitó ser intervenida por el Gobierno nacional, argumentando déficit de capacidades para afrontar el suministro de energía en la región.
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Frente a este panorama, en una carta dirigida a Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía; y Diego Guevara, ministro de Hacienda; los gobernadores del Caribe expresaron su preocupación por la crisis financiera de Air-e y Afinia y sus efectos en la calidad de vida de los millones de personas que habitan en la región.
“Los gobernadores del Caribe, en el marco de la Región Administrativa y de Planificación (RAP Caribe) y el sector productivo de la Región, representado en los comités intergremiales y las cámaras de comercio, deseamos manifestar nuestra profunda preocupación ante la potencial crisis energética que podría afectar gravemente a nuestra región”, puntualizó el documento.
De acuerdo con los mandatarios regionales, la crisis financiera de ambas prestadoras del servicio, además de tener efectos nocivos para los habitantes de la región, afecta de manera directa el desarrollo económico y social de su territorio.
“La falta de inversiones adecuadas, los problemas financieros de las empresas prestadoras del servicio y las deficiencias en la infraestructura eléctrica que por años se han presentado, ponen en riesgo la continuidad del suministro de energía, lo que tendría consecuencias devastadoras para el desarrollo social y económico del Caribe colombiano”.
Los gobernadores hicieron especial énfasis en la situación financiera de Afinia, ya que “la empresa enfrenta graves dificultades económicas que amenazan su capacidad de operación y mantenimiento de la red eléctrica en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar. Con más de 1.8 millones de usuarios dependientes de su servicio, la falta de acciones urgentes podría llevar a una crisis sin precedentes en la prestación del servicio eléctrico en estas zonas”, advirtieron.
Con respecto a Air-e explicaron que a pesar de las buenas intenciones del Gobierno nacional para recuperar la empresa, se necesitan más acciones que fortalezcan la seguridad energética en la región.
“La intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) ha generado incertidumbre en Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde presta servicio a más de 1.3 millones de usuarios. Si bien el giro de subsidios es una medida necesaria, por sí sola no es suficiente para garantizar los recursos que la empresa requiere para asegurar la continuidad del servicio”.
En ese sentido, los gobernadores de la región señalaron que sumado a los subsidios, el Estado colombiano tiene que trabajar en medidas y leyes enfocadas al fortalecimiento financiero de las empresas. Además de iniciativas que permitan de manera rápida la inyección de capital tanto en las empresas como en las estructuras eléctricas de la región.
“Es fundamental que, además de los subsidios, se implementen acciones adicionales que permitan fortalecer financieramente a la Empresa Intervenida y faciliten las inversiones urgentes en la infraestructura eléctrica”, se lee en la misiva.
Así las cosas, argumentaron que en caso de no implementar las medidas necesarias y no atender las problemáticas actuales, la región Caribe podría enfrentarse a una escasez de energía para 2028. En consecuencia, solicitaron de manera inaplazable adoptar las iniciativas para no comprometer el progreso socioeconómico del territorio en el mediano y largo plazo.
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