Jennifer Pedraza le pidió a Petro sancionar proyecto que prohíbe el matrimonio infantil en el país, tras decisión de la Corte Constitucional

El jueves 6 de febrero de 2025, la Corte Constitucional tumbó el matrimonio infantil en Colombia, y consideró que solo será permitido a partir de los 18 años de edad.

Según informó el alto tribunal, se declaró la inexequibilidad de los artículos 117 y 124 del Código Civil, asegurando que son contrarios a lo establecido en la Carta Magna colombiana. Además, determinó que las uniones tempranas constituyen una práctica nociva para los niños y niñas de Colombia, razón por la cual el alto tribunal indicó que eso lleva a “paradigmas culturales y estereotipos de género que deben ser superados”.

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La decisión de la Corte generó varias reacciones en los sectores políticos del país. Una de ellas fue la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien recordó que en el Congreso se avanzó una propuesta para abolir la unión con menores de edad, por lo que pidió al presidente Gustavo Petro para que sea sancionada como nueva ley de la república.

“Como la Corte Constitucional exhorta al Congreso a que regule y reglamente la prohibición del matrimonio infantil, podemos afirmar que nos adelantamos a este exhorto de la Corte, y ahora estamos a la espera de que el presidente Petro sancione nuestra ley”, explicó la congresista.

También, la representante del partido Dignidad sostuvo que su proyecto no solamente deroga los artículos mencionados, sino que contempla otras disposiciones para eliminar dichos compromisos con menores en el país.

“Nuestra ley reglamenta aspectos muy importantes como la protección de los derechos patrimoniales de los menores, vinculación a las comunidades indígenas y mecanismos de rendición de cuentas al Congreso, para que esto no quede en el papel, sino que implique presupuesto y política pública”, dijo Pedraza.

Otras reacciones políticas

Además de Jennifer Pedraza, otros congresistas celebraron la decisión de la Corte Constitucional frente a la prohibición del Matrimonio Infantil en Colombia.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, aseguró que es una determinación que protege a los niños y niñas del país.

“Importante noticia nos entrega la Corte Constitucional que elimina el matrimonio adolescente en Colombia y fija la edad mínima en 18 años. Esta decisión que protege a los menores de uniones tempranas que, en muchos casos, derivan en vulneraciones de sus derechos. Los niños deben ser niños, no esposos”, expresó la congresista en su cuenta de X.

Por su parte, la representante Alexandra López, ponente de la iniciativa avalada en el legislativo, celebró que se acobijara los lineamientos de la propuesta en el alto tribunal.

“La eliminación del matrimonio infantil recibe el apoyo de la Corte Constitucional, con su decisión de establecer la edad mínima para casarse en 18 años, luego de que desde mi curul habíamos enviado un concepto para eliminar esta práctica nociva”, aseguró.

Entre tanto, el excontralor Felipe Córdoba manifestó: “Declarar ilegal el matrimonio infantil, es una maravillosa decisión de la Corte Constitucional; es deber de todos cuidar a nuestros niños. No reclutamiento, no explotación sexual, No matrimonio forzado, no más abusos y violencia en contra de los niños de Colombia”.

Otros lineamientos de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional indicó que no basta con declarar inconstitucional las normas estudiadas, sino que se hizo un llamado a las autoridades administrativas del orden nacional y territorial para que en el ejercicio de sus competencias constitucionales, legales como reglamentarias diseñen políticas públicas dirigidas a prevenir y erradicar el flagelo de las uniones y matrimonios a niños y niñas del país.

Una de las órdenes dadas por el tribunal fue para la Defensoría del Pueblo, para que, a partir de la notificación de esta decisión, adelante las labores para identificar las zonas del país en las que exista mayor incidencia de matrimonio infantil y uniones tempranas, para implementar “en esas zonas campañas pedagógicas dirigidas a difundir la presente decisión y a promover los derechos de las niñas y las adolescentes, involucrando principalmente a comunidades campesinas, comunidades étnicas, así como a la comunidad académica (estudiantes, profesores y padres de familia en las escuelas)”.