Durante la ejecución de un contrato para la Clínica La 80, tres exfuncionarias de la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero fueron señaladas por la Procuraduría General de la Nación. El organismo formuló pliego de cargos contra Jennifer Andree Uribe Montoya, exsecretaria de Salud; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsecretaria General; y Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios.
Frente a esta noticia, el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo una publicación en su cuenta de X en la que cuestionó a la anterior administración de la ciudad y le lanzó fuertes críticas. “Lo de Bogotá con Samuel Moreno se queda chiquito”, comentó el mandatario local.
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La Procuraduría señaló que unas adecuaciones realizadas en 2020, con una inversión pública de $23.744.721.295, fueron entregadas a un particular mediante un contrato que representó una pérdida de casi la mitad de ese monto. Se trata de un acuerdo de transacción firmado el 12 de mayo de 2022 entre el Distrito Especial de Medellín y la Fundación Colombiana de Cancerología “Clínica Vida” por un valor de $12.007.429.401.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a las revelaciones sobre presuntas irregularidades en la administración anterior, asegurando que la ciudad fue objeto de un desfalco de gran magnitud. Comparó la situación con el caso de corrupción de Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno y afirmó que el saqueo a Medellín fue aún mayor. Además, pidió que los responsables sean llevados ante la justicia, señalando que el principal implicado debe rendir cuentas.
“Una más. Se robaron a Medellín. Lo de Bogotá con Samuel Moreno se queda chiquito en comparación con el saqueo que le hicieron a Medellín. Que Colombia entera lo sepa. El jefe de la banda debe caer”, escribió en su cuenta de X el mandatario local de la capital de Antioquia.
Y es que, de acuerdo con el Ministerio Público el contrato fue firmado en una notaría por Uribe Montoya, Jiménez Pérez y Delgado Manjarrés, a pesar de que no había sido aprobado por el Comité de Conciliación de la Alcaldía de Medellín, presidido en ese momento por Natalia Andrea Jiménez Pérez. Ante esto, el ente de control determinó que los firmantes habrían incurrido en presunta falsedad ideológica en documento público al afirmar lo contrario en el documento.
Las adecuaciones y mejoras en la Clínica de la 80 representaron una inversión total de $23.744.721.295, pero, según lo establecido en el contrato de transacción, el Distrito de Medellín solo recibiría $12.007.429.401 a través de pagos fraccionados entre 2022 y 2025 por parte de la Clínica Vida.
Debido a todo lo anterior, la Procuraduría General de la Nación acusó a varias exfuncionarias de la administración de Daniel Quintero por su rol en la firma del contrato, señalándolas de haber incluido información falsa en el documento. Como consecuencia, el organismo les formuló cargos por falsedad ideológica en documento público.
Pero las exsecretarias de despacho de la administración de Daniel Quintero no son las únicas exfuncionarias señaladas por presuntas irregularidades. La Fiscalía también imputó cargos a Laura María Mejía Higuita y Viviana del Valle Velásquez, quienes habrían facilitado el desvío de más de 1.400 millones de pesos en Medellín entre 2020 y 2021. Mejía Higuita tenía un rol clave en la Unidad de Compras de Metroparques, mientras que Velásquez supervisaba contratos en la Alcaldía.
Según información revelada por Semana, ambas estarían implicadas en un esquema de sobrecostos en contratos interadministrativos, lo que habría permitido la apropiación indebida de estos recursos públicos. Con estas acusaciones, crecen las denuncias sobre posibles actos de corrupción dentro de la administración de Quintero, sumando nuevos procesos judiciales contra quienes ocuparon altos cargos en su gobierno.
La Fiscalía identificó tres contratos bajo investigación por presuntos sobrecostos millonarios. Uno de ellos es el contrato 961, que tenía como objetivo el mantenimiento y reparación de la atracción acuática “Revolcones” y que presentó un sobrecosto cercano a los 1.183 millones de pesos. Otro es el contrato 288, destinado a la compra de insumos de bioseguridad y herramientas, con un sobrecosto de 244 millones de pesos. Finalmente, el contrato 551, relacionado con la adquisición de materiales, tuvo un sobrecosto estimado en 36 millones de pesos.
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