Se va a cumplir un año desde que el país conoció el mayor escándalo de corrupción en el Gobierno Petro y las autoridades siguen indagando cuántos y quiénes fueron los funcionarios que participaron en las presuntas entregas de contratos y coimas desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
De hecho, en la mañana de este domingo 26 de enero salió a la luz un informe de cerca de 200 páginas elaborado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que ha puesto en el centro de la polémica a siete congresistas de la Comisión de Crédito Público.
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Según el documento revelado por la revista Semana, los legisladores están siendo investigados por presuntamente haber recibido beneficios económicos a cambio de respaldar con su voto los empréstitos que el Gobierno de Gustavo Petro gestionaba con la banca internacional.
Los contratos en cuestión, otorgados a través de la Ungrd, habrían sido direccionados hacia contratistas específicos, lo que ha desatado un escándalo de gran magnitud.
El documento, que ya se encuentra en manos del magistrado Misael Rodríguez, detalla las relaciones políticas, financieras y contractuales de los congresistas Julio Elías Chagüi, Liliana Ester Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, así como de sus círculos más cercanos.
La investigación incluyó un análisis de cuentas bancarias, movimientos financieros, vínculos en redes sociales y conexiones con contratistas, lo que ha permitido a los investigadores trazar un mapa detallado de las presuntas irregularidades.
Uno de los aspectos más reveladores del informe es el análisis financiero de los congresistas y sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL). Según el documento del alto tribunal divulgado por Semana, se identificaron transacciones millonarias que, para la Corte Suprema, resultan injustificadas.
Un caso destacado es el del congresista Wadith Manzur, quien habría realizado 22 operaciones financieras con un miembro de su UTL por un valor total de 289 millones de pesos entre enero de 2023 y julio de 2024.
Además, se detectaron 51 productos financieros vinculados a los siete congresistas investigados, según el informe. En el caso de Manzur, se identificaron 107 cheques emitidos desde su cuenta bancaria entre 2022 y 2024, por un monto acumulado de más de 1.495 millones de pesos. Estas transacciones, según el documento, habrían beneficiado a 20 personas naturales.
Otro caso es el del representante Julián Peinado, quien recibió un depósito de 400 millones de pesos en abril de 2023 de una persona identificada como Luz Estrella. Según el cruce de datos, esta persona estaría vinculada a empresas que obtuvieron contratos con la Ungrd, lo que también conecta a la congresista Karen Manrique con estas operaciones.
El informe también señala que las transacciones financieras de los congresistas podrían estar relacionadas con un esquema más amplio de corrupción, en el que contratistas específicos habrían sido favorecidos de manera sistemática.
Según la investigación, 11 sociedades de interés vinculadas al periodo 2020-2024 tienen nexos con 327 empresas o consorcios en Colombia, lo que refuerza la hipótesis de un carrusel de contratistas.
La Corte Suprema también centró su atención en los contratistas que habrían sido favorecidos en municipios como Carmen de Bolívar (Bolívar), Cotorra (Córdoba) y Saravena (Arauca). Según el informe citado por Semana, los investigadores rastrearon e individualizaron a los contratistas, identificando sus vínculos con los congresistas y las obras adjudicadas.
En el caso de Karen Manrique, el documento señala que algunos contratistas, como “John Fredy”, habrían recibido contratos millonarios para el uso de maquinaria amarilla en emergencias en el departamento de Arauca y el municipio de Saravena.
Por su parte, en Córdoba, se identificó a la Asociación de Municipios del Sinú (Asosinú), representada por “Johnny Manuel”, como beneficiaria de contratos, incluyendo uno por 2.500 millones de pesos para el mantenimiento de vías rurales en Cotorra.
En Saravena, el contratista “Camilo Ernesto” también ha sido señalado. Según el informe, su número telefónico coincide con el que una asesora del Ministerio de Hacienda remitió a un intermediario en la región. Este contratista habría operado bajo diferentes personerías jurídicas, como la Unión Temporal Macondo y el Consorcio Brisas de Cravo, entre otras, todas relacionadas con el presunto desvío de recursos de la Ungrd.
El informe no solo detalló las transacciones financieras y los contratos, sino también las conexiones políticas y familiares de los congresistas investigados.
De hecho, el expresidente del Congreso Iván Name aparece mencionado en el documento debido a declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, quien afirmó que 3.000 millones de pesos habrían sido destinados a la campaña al Concejo de su hija, María Clara Name.
Además, otro hijo de Iván Name, Iván Leónidas Name Ramírez, figura como miembro de la UTL del exrepresentante Juan Diego Muñoz, uno de los congresistas investigados. Este último ya compareció ante la Corte Suprema, aunque decidió guardar silencio.
Aunque los implicados han mantenido su inocencia públicamente, las pruebas recopiladas por la Corte Suprema podrían complicar su situación jurídica.
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