La situación en torno al peaje de Sabanagrande, Atlántico, sigue generando tensiones entre la concesión Autopistas del Caribe, las comunidades locales y los manifestantes del Comité No Más Peaje.
A más de un mes de protestas, con las talanqueras levantadas y el flujo vehicular libre de cobros, las denuncias de hostigamientos y violaciones de derechos han encendido nuevamente el debate sobre la legitimidad y los límites de las acciones de protesta.
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En un comunicado reciente, Autopistas del Caribe afirmó que sus funcionarios han sido objeto de presuntos hostigamientos por parte de los manifestantes que mantienen ocupada la zona del peaje. La empresa también publicó un video como evidencia, en el que, según sus declaraciones, se observa a algunas personas realizando necesidades fisiológicas en los alrededores del lugar. En su pronunciamiento, la concesión expresó indignación ante estos hechos: “¿Estas son las personas que pretenden liderar la región? ¡No más abuso escudado en protesta pacífica!”.
Reacción del Comité No Más Peaje
Las acusaciones por parte de la concesión fueron inmediatamente rechazadas por el Comité No Más Peaje, que lidera las manifestaciones en la zona. Rubén Llanos, vocero y uno de los líderes del movimiento, respondió en entrevista con Blu Radio, asegurando que las denuncias son un intento de deslegitimar la lucha social que han emprendido.
“Esto no es más que un intento por enlodar al Comité No Más Peaje. Esta semana notificamos a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la Defensoría del Pueblo sobre lo que ocurre en Sabanagrande”, afirmó Llanos.
El vocero también denunció que Autopistas del Caribe habría bloqueado el acceso a los baños públicos en la zona, una acción que considera como una estrategia para “asfixiar” a los manifestantes y forzar el fin de las protestas.
En medio de las tensiones, Llanos también aseguró que no descarta la posibilidad de que las acciones denunciadas por Autopistas del Caribe hayan sido perpetradas por terceros vinculados a la misma concesión, con el fin de desacreditar al movimiento.
Por su parte, la concesión ha insistido en que los hechos denunciados afectan no solo a su personal, sino también a la comunidad en general, y recalca la importancia de retomar la operación normal del peaje para garantizar el mantenimiento de las vías.
Las manifestaciones en Sabanagrande comenzaron hace más de un mes, cuando residentes y líderes comunitarios exigieron la liquidación del contrato de Autopistas del Caribe y el cese de los cobros en el peaje. Argumentan que las tarifas son excesivas y que la comunidad no ha visto mejoras significativas en la infraestructura vial que justifiquen dichos cobros.
Además, los manifestantes buscan evitar la instalación de un nuevo peaje en Arroyo de Piedra, proyecto que consideran injustificado y perjudicial para la economía local. Estas demandas han llevado a una escalada del conflicto, con episodios de tensión y enfrentamientos verbales entre los diferentes actores involucrados.
En respuesta a la situación, la ANI y la Defensoría del Pueblo han sido informadas de los hechos y se espera que tomen medidas para garantizar que la protesta se lleve a cabo dentro del marco de la ley, sin afectar los derechos de los manifestantes ni de los trabajadores de la concesión. Hasta el momento, no se ha anunciado una solución definitiva que permita superar el conflicto.
La opinión pública se encuentra dividida frente al conflicto. Mientras algunos ciudadanos apoyan las demandas del Comité No Más Peaje y consideran que los cobros en los peajes son desproporcionados, otros critican las acciones de los manifestantes, señalando que afectan el libre tránsito y la economía de la región.
Mientras tanto, el Comité No Más Peaje ha reiterado su compromiso de mantener las protestas hasta que se cumplan sus demandas. Sin embargo, la situación en el peaje de Sabanagrande sigue siendo delicada, y las denuncias cruzadas entre la concesión y los manifestantes han complicado aún más el panorama.
El desenlace de este conflicto dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes y de la capacidad de las partes para llegar a un acuerdo que contemple tanto las necesidades de la comunidad como las obligaciones contractuales de Autopistas del Caribe.
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