El más reciente informe emitido por la Contraloría General de la República parece haber confirmado la existencia de presuntas irregularidades en el manejo de recursos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que apuntan hacia el director, el exsenador y exgobernador de Boyacá Jorge Londoño. Y que causaron una fuerte reacción por parte del concejal de Bogotá Daniel Briceño, que le pidió al procurador general Gregorio Eljach suspender al funcionario.
El ente de control fiscal señaló un aparente detrimento patrimonial que asciende a 47.261 millones de pesos, según los resultados de una auditoría llevada a cabo al interior del Sena. Este hallazgo desató nuevas exigencias de responsabilidades, especialmente hacia Londoño, que ya había sido señalado previamente por el cabildante distrital: que hace parte del Centro Democrático, y que tendría intenciones de aspirar al Congreso en los comicios de marzo de 2026.
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“Hoy la Contraloría acaba de confirmar mi denuncia sobre la existencia de un detrimento patrimonial de más de $47.000 millones”, indicó Briceño con respecto a los resultados de la Contraloría. El concejal también recordó que desde el 14 de agosto del 2024 había solicitado formalmente a la Procuraduría General de la Nación, en ese entonces a cargo de Margarita Cabello Blanco, que suspendiera al Londoño como director del Sena.
El hallazgo de la Contraloría en el Servicio Nacional de Aprendizaje
Las irregularidades, de acuerdo con la Contraloría, estarían asociadas al manejo del Fondo Emprender y a procesos contractuales relacionados con la contratación de servicios de tecnologías de la información bajo la figura de urgencia manifiesta: lo cual generó un impacto negativo en los recursos de la entidad. La entidad señaló que entre el 2020 y el 2023, así como durante parte del primer semestre de 2024, se evidenció una pérdida de recursos que alcanzó los $3.601 millones, específicamente en la ejecución de proyectos del Fondo Emprender.
“Señor procurador Gregorio Eljach: desde agosto del año pasado le solicité a la Procuraduría suspender al señor Jorge Eduardo Londoño de la dirección del Sena”, publicó el político desde sus redes sociales, en la que el cabildante distrital, reconocido por sus capacidades para buscar anomalías en la plataforma del Secop. Por otra parte, en relación con la contratación de servicios de tecnologías de la información, el organismo de control halló que en diciembre de 2023 se generó una pérdida adicional de $43.660 millones, derivada de decisiones administrativas cuestionables por parte del Sena.
Las denuncias que tendrían contra la “pared” al director del Sena
Entre los cuestionamientos hacia la labor de Londoño en el Servicio Nacional de Aprendizaje, se encuentra el manejo de un contrato por valor de un billón de pesos, promovido a través de la licitación LP-DG-0001-2023 para servicios de tecnologías de la información a nivel nacional. Según la Contraloría, la oferta fue presentada por la Unión Temporal Sena Digital 2.0, pero más tarde fue revocada y la contratación se declaró bajo urgencia manifiesta por $210.228 millones. En este sentido, el organismo concluyó que esta decisión habría derivado en una gestión fiscal antieconómica, provocando el ya mencionado detrimento de 43.660 millones de pesos.
Al respecto, Briceño había advertido con anterioridad sobre este tipo de situaciones que involucraban al Fondo Emprender y a los contratos tecnológicos. En su momento, solicitó que se tomaran medidas contra la administración de recursos del Sena y señaló posibles resoluciones que habrían incrementado notablemente los valores finales de las contrataciones. “Los valores anteriormente relacionados generaron mayores sumas pagadas en la contratación de la prestación de los servicios TIC’s del Sena”, indicó el concejal.
Este no es el primer señalamiento hacia el Sena por mala gestión fiscal. En su denuncia, el joven político también destacó que en 2014, la Contraloría ya había encontrado un presunto detrimento de 34.423 millones de pesos, cifra que, según sus proyecciones, podría haber incrementado hasta $78.074 millones, tomando en cuenta sobrecostos y omisiones similares a las recientemente denunciadas.
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