Un informe de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) reveló que 26 empresas promotoras de salud, EPS, habrían cometido irregularidades con el cobro de atenciones a pacientes fallecidos en 2023. Según un comunicado publicado por la entidad, se detectaron “23.410 casos de atenciones registradas a personas que figuraban como fallecidas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), con un costo asociado de 79.838 millones de pesos”. Posteriormente, Rtvc publicó un informe en el que detalló que se iniciaría una investigación.
Al respecto, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, publicó vía X un video en el que cuestionó el documento y pidió pruebas exactas que confirmen que esta información era veraz.
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Según escribió en su cuenta de la red social, “el Gobierno afirma que las EPS facturan servicios para 23 mil personas fallecidas, pero no entregan las cédulas para verificar. Las EPS no obtienen ganancias de personas fallecidas, ya que deben devolver lo recibido por cada caso, con intereses. ¿Dónde están las pruebas reales?”.

Además, lo acompañó de un video en el que profundizó la respuesta a la pregunta. Inició afirmando que lo anterior es una estrategia del Gobierno para que el sistema de salud caiga. Según ella, el estudio es un invento, a razón de que no aportan pruebas de las cédulas registradas en el sistema de atención: “Las estrategias de este Gobierno para acabar con el sistema de salud no tienen fin. Ahora se inventaron un nuevo estudio donde dicen que hay atenciones sobre 23.000 personas muertas, pero no le especifican a cada EPS los casos con número de cédula para que puedan explicar”.
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Luego, defendió a las EPS al dar dos ejemplos. El primero corresponde a la tardanza de los trámites luego de que la persona muere y los servicios que se le prestaron antes de que fallezca: “Usted está atendiendo a una persona que está en un estado crítico. La persona se muere, las autorizaciones, las facturas se demoran muchísimo más, aparecen cuando la persona está muerta. Pero, por supuesto, todos los servicios que se le prestaron, la persona estaba viva. Simplemente, hay un trámite administrativo que pudo haberse demorado un poco más”.

El segundo ejemplo radicó en que la persona moría luego de salir de las EPS, lo que también producía un retroceso en el proceso de papeleo al momento de pasar la información del fallecimiento: “Una segunda hipótesis, la persona estuvo muy enferma, termina yéndose del hospital, sale viva y al final se muere. Y mientras se actualiza la información y la EPS se entera, pues puede haber ese gap donde la persona le salen facturas. Ya murió, pero fueron atenciones que se le prestaron cuando estaba viva”.
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“Para las EPS no es negocio atender muertos”
Asimismo, la congresista del Centro Democrático explicó por qué a las entidades de salud no les conviene mentir sobre personas que murieron. Según sus declaraciones, las EPS deben devolver con intereses el dinero que el Gobierno les da si atienden muertos: “Lo que hay que recordar es qué es para las EPS atender personas muertas. No es un buen negocio, porque las normas son muy claras. Cuando una EPS tiene una persona muerta y recibe la UPC, que es lo que elegirá el Gobierno por esa persona y la recibe, pues después se la piden de vuelta y se la piden con intereses”.

También dijo que las EPS tienen una conexión directa con el sistema de la Registraduría y de los ministerios, para evitar este tipo de acciones y que, si la solicitud de dinero se hace, es porque la Registraduría demora en actualizar los datos de personas fallecidas.
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Por lo anterior, la senadora pidió las pruebas que demuestren que este tipo de infracciones se cometen. Afirmó que los números de cédula registrados ayudarán a esclarecer este hecho: “Venirnos a meter el cuento de que las EPS están facturando para personas muertas necesita muchísimas más pruebas. Y necesita que el ministerio mande una lista con cédulas de cada uno de los pacientes para que cada EPS responda de manera puntual. A otro con ese cuento”.
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