El Gobierno de Colombia decidió remover a Rafael Rodríguez Ortiz como responsable de la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad y designó en su reemplazo a John Milton Rodríguez González, al frente de un proceso marcado por la complejidad institucional y los plazos definidos por la Corte Constitucional para la extinción de la cartera.
La decisión fue formalizada a través del Decreto 1219 de 2026, firmado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y la alta administración pública, a pocos meses de que expire definitivamente la vigencia legal del ministerio, que aún mantiene funciones en transición tras ser declarado inconstitucional por el máximo órgano de la Rama Judicial.
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La sentencia C-161 de 2024 del alto tribunal había declarado la nulidad de la Ley 2281 de 2023, que dio origen al Ministerio de Igualdad y Equidad, pero extendió su funcionamiento hasta el final de la legislatura 2025-2026 (junio de 2026), para evitar afectaciones abruptas a los programas y servicios sociales que dependen de la entidad. En este contexto, el Ejecutivo avanzó con la activación del proceso de liquidación, regulado por el Decreto 626 de 2026.
Nueva dirección en un proceso clave
La administración justificó la remoción de Rafael Rodríguez Ortiz —actual liquidador, nombrado en julio de 2026 por el Decreto 767— argumentando razones de conveniencia administrativa, la urgencia de consolidar información institucional y la necesidad de asegurar la continuidad operativa en medio del cambio de Gobierno. “Resulta pertinente disponer una nueva designación en la dirección del proceso que contribuya al cumplimiento de los fines previstos en el régimen legal de liquidación”, señala el decreto.
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La normativa recalca que la liquidación pretende garantizar la extinción jurídica de la entidad y la protección del patrimonio público, junto con la adecuada administración de activos y pasivos —tareas reservadas por ley al liquidador designado por el presidente, bajo los parámetros del régimen de liquidaciones (Decreto Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006).
Ministerio de Igualdad, que entró en liquidación, habría dejado de responder por sus trabajadores
La liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad dejó a excontratistas sin claridad sobre sus honorarios, sus reembolsos y los canales para reclamarlos. La controversia se profundizó el miércoles 15 de julio de 2026, cuando comenzaron a circular testimonios de extrabajadores que afirman que la cartera dejó de responder por obligaciones pendientes. La entidad había sido creada en junio de 2023 y su cierre quedó formalizado en el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026.
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Desde entonces, centenares de personas sostienen que quedaron sin información sobre pagos y sin vías de contacto con la administración. El periodista Ronny Suárez Celemín difundió en su cuenta de X tres declaraciones de excontratistas que describen una ruptura total de la comunicación institucional.
Los reclamos apuntan a cuentas devueltas, pagos tardíos y reembolsos demorados
Los relatos ubican el origen del problema antes de la disolución. Uno de los testimonios indicó que “parecía que entre las personas que revisaban y aprobaban las cuentas de cobro, no había un criterio único”, lo que derivaba en devoluciones frecuentes y demoras.
Otro excontratista afirmó que “cada uno pedía algo diferente y devolvía la cuenta”, sin explicar con claridad cuál era el procedimiento correcto. Esa falta de uniformidad, según los denunciantes, trabó la radicación y aprobación de cobros.
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La gestión de pagos, en manos de FonIgualdad, fue descrita por varios afectados como una “pesadilla”. Los primeros desembolsos llegaron tarde y ese retraso, según los testimonios recogidos la situación impidió presentar a tiempo las cuentas siguientes dentro del plazo establecido.
Uno de los denunciantes resumió el problema así: “El fondo se escuda en que las presentamos tarde”. La queja central es que el mismo retraso administrativo terminó siendo usado como argumento para no reconocer pagos posteriores.
Los afectados también señalaron que debían financiar de su propio bolsillo comisiones y desplazamientos a territorios de difícil acceso. “Nuestras comisiones debían ser pagadas por nosotros los contratistas desde nuestro bolsillo, y luego de meses de demora, eran reembolsadas”, indicó un declarante.
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