
En el transcurso de 2024, las autoridades de Medellín concentraron esfuerzos en atender a líderes sociales amenazados, alcanzando un total de 53 casos. A pesar de las amenazas registradas, no se reportaron asesinatos de defensores ni líderes sociales durante este año, un hecho significativo en comparación con periodos anteriores. Según las cifras oficiales, las medidas implementadas para su protección beneficiaron a 33 hombres, 19 mujeres y una persona no binaria.
La disminución de los casos atendidos en comparación con 2023 fue notable, ya que en ese año más de 70 líderes sociales enfrentaron amenazas. Las zonas más afectadas en 2024 fueron las comunas Doce de Octubre, Villa Hermosa y San Javier. Estas áreas, según la Alcaldía de Medellín, presentan características específicas que influyen en la incidencia de amenazas, como la violencia urbana y las desigualdades socioeconómicas.
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Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos, destacó el compromiso de la alcaldía frente a este panorama. “Es de recordar, en el periodo 2023 hubo más de 70 líderes amenazados, 2024 se redujo a 53 personas y líderes amenazados en la ciudad de Medellín. Es de recordar que la Alcaldía de Medellín brinda todas las rutas de atención jurídica, psicológica y albergues. Esto es para garantizar la vida de los líderes y defensores de derechos humanos”, señaló Arcila, resaltando las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad de quienes enfrentan este tipo de riesgos.
En línea con estas estrategias de protección, se consolidó la Mesa Distrital de Seguimiento, una iniciativa que reúne a 15 entidades con el objetivo de coordinar esfuerzos frente a amenazas, desplazamientos y agresiones contra líderes sociales. Esta articulación interinstitucional busca fortalecer las respuestas a las situaciones de riesgo y avanzar hacia la erradicación de las agresiones.
La Alcaldía de Medellín, consciente de la importancia del trabajo de los defensores de derechos humanos, enfocó sus esfuerzos en garantizar la seguridad de los líderes sociales, asegurando que su protección es clave para el fortalecimiento de la democracia y la paz en la ciudad. Carlos Arcila destacó el compromiso de la administración, señalando que “Garantizar la vida de los defensores de derechos humanos es garantizar la democracia, es garantizar la paz. La alcaldía se compromete a defender la vida de los líderes y defensores de derechos humanos”.

En ese sentido, uno de los aspectos fundamentales de la gestión fue la mejora en los tiempos de respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Las autoridades distritales se centraron en reducir la demora en la evaluación de los riesgos para los defensores, un aspecto esencial para asegurar una atención más ágil y eficiente. Además, se fortalecieron las estrategias de sensibilización y prevención en las zonas más vulnerables de la ciudad.
La alcaldía también promovió programas educativos y de sensibilización sobre medidas de autoprotección, los cuales se llevaron a cabo en las 16 comunas y cinco corregimientos de Medellín. Estas iniciativas buscaban empoderar a las comunidades, brindando capacitación sobre cómo enfrentar posibles amenazas y fortalecer la seguridad personal.

Además de las medidas de seguridad, también anunciaron que se brindó un acompañamiento integral a los líderes sociales, enfocándose en su bienestar físico y emocional. A través de servicios especializados en atención jurídica y psicosocial, se les ofrecieron las herramientas necesarias para proteger sus derechos y fortalecer su trabajo en la defensa de los derechos humanos.
La atención jurídica no solo incluyó asesoría legal para enfrentar conflictos relacionados con su actividad, sino también apoyo para resolver cuestiones legales, mientras que el acompañamiento psicosocial se centró en mejorar su estabilidad emocional frente a las amenazas y el estrés constante.
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