
El acceso limitado al expediente público y la falta de transparencia en el proceso de investigación sobre presuntas ayudas a la importación de leche en polvo desde Estados Unidos han generado preocupación entre los exportadores estadounidenses.
Según informó el Consejo de Exportación de Lácteos de Estados Unidos (Usdec), estas irregularidades afectan los derechos de defensa de las partes involucradas y ponen en entredicho el cumplimiento de los estándares legales y comerciales internacionales.
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De acuerdo con el Usdec, el proceso, liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) de Colombia, no ha garantizado las condiciones necesarias para un procedimiento justo.
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La investigación, iniciada el 3 de julio de 2024 mediante la Resolución 192, busca determinar si las importaciones de leche en polvo provenientes de Estados Unidos han recibido subsidios que podrían perjudicar a la industria láctea colombiana. Como parte de esta indagación, el Mincit impuso en septiembre de 2024 un arancel provisional del 4,86 % sobre estas importaciones, medida que estará vigente hasta el 16 de enero de 2025.
En un memorando presentado recientemente, el Usdec cuestionó la confidencialidad con la que se ha manejado el proceso, señalando que los argumentos presentados por la industria colombiana han sido mantenidos en secreto.
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Según el Consejo, esta falta de acceso al expediente público vulnera el derecho de defensa y contradicción, elementos esenciales en cualquier investigación de esta naturaleza.
Además, el organismo destacó que el proceso no cumple con los estándares exigidos por la legislación colombiana ni con los compromisos internacionales adquiridos por el país, como el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos y las normativas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Simón Hernández, consultor del Usdec, afirmó que la investigación fue iniciada de oficio sin cumplir con los requisitos necesarios para justificar tal decisión. Asimismo, criticó las prácticas de confidencialidad adoptadas por el Mincit, las cuales, según él, contradicen la tradición del gobierno colombiano de garantizar los derechos de las partes en este tipo de procesos.
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Hernández también señaló que la imposición del arancel provisional del 4,86 % va en contra de los principios establecidos en la Ley 1437 de 2011, conocida como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Otro punto crítico señalado por los exportadores estadounidenses es la etapa de práctica de pruebas, regulada por la Resolución 322 del 28 de octubre de 2024. Según reportó el Usdec, esta fase, que inicialmente estaba programada para extenderse hasta el 30 de enero de 2025, fue cerrada de manera anticipada el 13 de diciembre de 2024. El Mincit justificó esta decisión argumentando que el objetivo probatorio ya había sido cumplido. Sin embargo, el cambio abrupto de plazos coincidió con el cierre del año, lo que generó complicaciones en los calendarios de los equipos legales encargados de la defensa.
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El acceso al expediente público también ha sido un tema central en las críticas del Usdec. Según el Consejo, la falta de actualizaciones integrales en el expediente pone en riesgo la preparación de los alegatos finales, cuyo plazo venció el 13 de diciembre de 2024. En este sentido, el organismo instó a las autoridades colombianas a cumplir con el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, que establece la obligación de mantener actualizado el expediente público. Para el Usdec, garantizar este acceso es fundamental para que las partes puedan ejercer plenamente sus derechos de defensa y contradicción.

El Consejo también habló de la importancia de que el proceso sea llevado a cabo de manera justa y transparente, en línea con las normativas nacionales e internacionales. En su comunicado, el Usdec reiteró su compromiso con la competitividad de la industria láctea colombiana y destacó su disposición para trabajar de manera colaborativa con los actores del mercado local en áreas como la promoción del consumo de lácteos y la sostenibilidad.
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La investigación del Mincit ha generado tensiones entre los exportadores estadounidenses y las autoridades colombianas, en un contexto donde las relaciones comerciales entre ambos países están regidas por acuerdos internacionales que buscan garantizar condiciones equitativas para todas las partes. Según el Usdec, el cumplimiento de estos acuerdos es esencial no solo para resolver esta controversia, sino también para fortalecer la confianza en los procesos regulatorios y comerciales entre Colombia y Estados Unidos.
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