Trabajadores y pensionados conocen nuevos detalles sobre el futuro de su ahorro cuando entre en vigor la reforma de Petro

El gobierno de Gustavo Petro sigue adelante con la reglamentación de la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional.

Según lo estipulado, esta nueva ley, promulgada el 26 de julio de 2024, debe ser completamente reglamentada durante el primer semestre de 2025, antes de la entrada en vigor el 1 de julio. La Unidad de Regulación Financiera (URF), adscrita al Ministerio de Hacienda, tiene un papel fundamental en este proceso.

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Al respecto, se conoció que la URF está próxima a emitir uno de los decretos más relevantes para esta norma, que establece la creación y autorización de las administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai). Este decreto busca garantizar, según señalaron desde la entidad a El Tiempo, que “el enfoque se centra en garantizar la autorización adecuada de estas entidades, asegurando que cumplan con los requisitos establecidos para operar dentro del pilar contributivo del sistema”.

Sin embargo, este es solo un paso dentro de una agenda más amplia de regulaciones necesarias que aún se encuentran en análisis.

Principales retos y pendientes regulatorios

Dentro de la reglamentación restan importantes aspectos por definir, entre ellos, la administración del fondo de ahorro del pilar contributivo, el diseño de un esquema de fondos generacionales y los regímenes de inversión para el componente de ahorro individual, entre otros.

Al respecto, la URF dijo al medio que estos asuntos siguen en una “etapa de construcción y análisis”, e inciden sobre la viabilidad del sistema en el largo plazo. “La elaboración de los proyectos reglamentarios debe llevarse a cabo de manera cuidadosa. Consideramos que lo pendiente quedará resuelto en el primer semestre del próximo año”, detalló.

El nuevo sistema también enfrenta retos estructurales, como la necesidad de mantener la sostenibilidad fiscal mientras se avanza hacia un esquema universal e inclusivo. Desde la URF indicaron que “la necesidad de encontrar un equilibrio entre un sistema universal y la sostenibilidad fiscal, junto con la integración de los distintos regímenes de pensiones, representa un desafío clave”. A estos aspectos se suma, además, el reto de reducir desigualdades entre los diferentes sectores sociales en un contexto de baja tasa de cotización y disparidades económicas significativas.

Marco normativo y prioridades para resolver

El diseño del sistema reglamentario busca garantizar que los distintos componentes operen de forma armónica , atendiendo a criterios de equidad y sostenibilidad. No obstante, las complejidades propias de dichos ajustes implican un trabajo técnico cuidadoso. La directora de la URF, Mónica Higuera, resaltó que esta tarea está entre las prioridades de la entidad, aunque no es el único proyecto normativo en sus manos.

En el corto plazo, los avances regulatorios estarán enfocados en temas concretos e inmediatos, como la implementación del mecanismo de aseguramiento del componente complementario de ahorro individual. Según indicó la URF, este trabajo resulta crucial para garantizar la confianza en el nuevo sistema y atraer a nuevos actores de gestión, como las Accai, quienes deberán cumplir estrictos estándares regulatorios.

Por su parte, el acompañamiento de estas permitirá diseñar políticas que también respondan al objetivo central de la Ley 2381 de 2024: ofrecer mayores garantías sociales a poblaciones vulnerables bajo un enfoque contributivo y solidario. Toda esta estructura representa un cambio profundo en el modelo de protección social, cuyo éxito dependerá no solo de la reglamentación, sino también del compromiso a largo plazo del Gobierno.

Plazos y expectativas para el 2025

El compromiso oficial es que la totalidad de las normas estén listas antes de julio de 2025, cuando el nuevo sistema de pensiones entre en vigencia. Sin embargo, los expertos ven con cautela los cronogramas, dada la extensión y el impacto social del proyecto.

Desde la URF insistieron en que los tiempos se están manejando “de manera cuidadosa” para evitar errores en un tema tan sensato. “No es una tarea fácil en la medida que en ese proceso se deben cuidar varios aspectos, como lograr la sostenibilidad del sistema a largo plazo”, afirmaron desde la entidad.

La reforma pensional en Colombia ha estado bajo la lupa debido al impacto que puede tener sobre las finanzas públicas y la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Este esfuerzo por unificar y reformar los regímenes de pensión busca responder a críticas históricas y preparar al país ante los desafíos de envejecimiento, informalidad laboral y bajo acceso a protección social para la población más vulnerable.