El presidente Gustavo Petro anunció un incremento del 2,78% en las tarifas de los peajes en Colombia, en cumplimiento de los acuerdos contractuales y en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023; sin embargo, este ajuste provocó una ola de reacciones tanto a favor como en contra, especialmente por parte de sectores de la oposición. Ante esta situación, la representante a la Cámara María Fernanda “Mafe” Carrascal, perteneciente al Pacto Histórico, utilizó sus redes sociales para criticar lo que ella denomina “la hipocresía de la oposición”.
En Colombia, el sistema de peajes cuenta con 150 puntos de recaudo distribuidos en las carreteras nacionales, de los cuales 31 son administrados por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y 119 están bajo la gestión de concesionarios privados. Este modelo es históricamente criticado por diversos sectores debido a su impacto económico en los transportadores y la ciudadanía en general.
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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha sostenido múltiples reuniones con los concesionarios privados durante los últimos meses para evaluar alternativas frente a los aumentos estipulados en los contratos, pero el anuncio del alza de tarifas volvió a encender la polémica, con la oposición señalando al Gobierno por no considerar suficientemente los efectos económicos sobre los colombianos, especialmente en un contexto inflacionario que afecta el poder adquisitivo.
En respuesta a estas críticas, Mafe Carrascal escribió en su cuenta de X una contundente declaración en la que señaló lo que considera incoherencias en el discurso de la derecha: “La hipocresía de la oposición es evidente: critican al Gobierno por cumplir contratos que ellos mismos defendieron al instaurar el modelo de concesiones privadas. Quieren hacer creer que les preocupa el bolsillo de la gente, pero protegen un sistema que beneficia rentistas sin mérito social alguno. Saludo la voluntad del Gobierno de buscar soluciones al impacto del alza de peajes, mientras se cumplen obligaciones legales y se cuidan las finanzas públicas”.
Carrascal enfatizó que el modelo de concesiones privadas, promovido y defendido por gobiernos anteriores, es el verdadero problema de fondo, al considerar que este transfiere recursos de la ciudadanía hacia manos privadas sin garantizar un retorno justo en términos de calidad vial o beneficios sociales. Según la congresista, “es momento de debatir y transformar un sistema que drena recursos hacia rentistas, priorizando el bienestar colectivo sobre ganancias privadas”.
La legisladora cuestionó directamente la intención de estas críticas, bajo el argumento de que la oposición no busca solucionar las deficiencias del sistema, sino atacar al Gobierno por intereses políticos: “Sin duda la derecha no busca cambiar un modelo que le favorece. Su crítica oportunista solo busca confundir a la ciudadanía”.
Por otro lado, los sectores de la oposición sostienen que el incremento en los peajes se suma a una serie de medidas económicas que, según ellos, afectan negativamente a los colombianos durante el mandato de Gustavo Petro. Los líderes opositores también destacaron la preocupación de los transportadores y las comunidades que dependen del sistema vial nacional.
Estas poblaciones han mostrado la urgencia de recibir claridad sobre los compromisos adquiridos entre el Ministerio de Transporte, que lidera María Constanza García, y los concesionarios privados, especialmente en lo que respecta a otros temas como el costo del diésel (Acpm) y las posibles exenciones para ciertos sectores.
Mientras tanto, transportadores y gremios han mostrado su incertidumbre ante los posibles impactos económicos de estas decisiones. Si bien existe un reconocimiento por parte del Gobierno de la necesidad de buscar mecanismos de compensación o alivio frente al alza, todavía no se presentan medidas concretas que respondan a estas inquietudes.
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