La Procuraduría asumió la investigación disciplinaria contra patrullera por la agresión a joven durante requisa

Un video que muestra a una patrullera de la Policía Metropolitana de Bogotá golpeando a un joven con un bastón de mando durante un procedimiento de requisa en la localidad de Suba, al noroccidente de la capital colombiana, ha generado indignación y reacciones de rechazo en diversos sectores. El incidente, ocurrido el 14 de octubre de 2024, cobró relevancia pública tras viralizarse en redes sociales el 1 de enero de 2025. La Procuraduría General de la Nación asumió la investigación disciplinaria del caso, que inicialmente estaba en manos de la Policía.

Al parecer, la agresión se produjo cuando el joven, identificado como Sebastián, intentó grabar el procedimiento policial, una acción permitida por el Código Nacional de Policía en su artículo 21. La patrullera, visiblemente molesta, le exigió que dejara de grabar y, al no obtener respuesta favorable, lo golpeó repetidamente en la cabeza con su bastón de dotación. En el video, se escucha a la uniformada decir: “A mí no me grabe, ni me tome fotos, ni nada por el estilo. A mí no me esté fotografiando (...) vaya y tómeselas con su madre, conmigo no”. Tras el ataque, el joven sufrió lesiones en el rostro y quedó con visión borrosa debido a la ruptura de vasos sanguíneos en su ojo.

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La Procuraduría General, a través de la procuradora primera distrital de instrucción, Helga Díaz Acosta, anunció que asumirá de oficio la investigación disciplinaria que adelantaba la Inspección General de la Policía Nacional. Según explicó Díaz Acosta, se recopilarán las pruebas necesarias para determinar si la patrullera debe ser llamada a juicio disciplinario. En caso de ser hallada responsable, podría enfrentar sanciones que incluyen la inhabilidad para ocupar cargos públicos.

Por su parte, la Fiscalía Penal Militar y Policial también inició un proceso penal contra la uniformada. En un comunicado, esta entidad señaló que la investigación busca esclarecer los hechos relacionados con el presunto abuso de autoridad y la agresión física al ciudadano. La entidad destacó que el caso ha generado rechazo en diversos sectores debido a la gravedad de la agresión y a la vulneración de derechos que implica.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el incidente, condenando la actuación de la patrullera y recordando que grabar procedimientos policiales es un derecho ciudadano que busca garantizar la transparencia y evitar posibles irregularidades. Galán subrayó la importancia de que las autoridades actúen con respeto hacia los derechos humanos y dentro del marco de la ley.

En declaraciones a CityTV, Sebastián relató los detalles del ataque y las consecuencias que ha enfrentado desde entonces. De acuerdo con su testimonio, tras la agresión, los oficiales lo retuvieron durante dos horas y le decomisaron su teléfono móvil sin justificación. Posteriormente, tuvo que acudir al CAI Rincón para reclamar su dispositivo, donde la patrullera le advirtió: “Yo estoy en el CAI hasta las nueve de la noche, si usted no va por su celular, se jodió”. El joven también expresó que decidió denunciar el caso meses después por temor a represalias, ya que, según afirmó, la policía en su sector tiene una reputación de comportamientos violentos.

Sebastián señaló que, tras el incidente, desarrolló desconfianza hacia las autoridades, especialmente porque, según él, la patrullera intentó apropiarse de su celular durante el procedimiento. Además, mencionó que las secuelas físicas del ataque incluyen visión borrosa y una lesión en el pómulo. “Después de ese momento, cada que salía a la calle un registro era siempre pidiéndome el celular”, afirmó.

El caso puso nuevamente en el centro del debate público el tema del abuso policial en Colombia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión sobre las actuaciones de los uniformados. Tanto la Procuraduría General de la Nación como la Fiscalía Penal Militar y Policial reiteraron su compromiso de llevar a cabo investigaciones exhaustivas para garantizar justicia en este caso.