Continúa la polémica en Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que la unidad de pago por capitación (UPC) subiría un 5,36% en 2025. El sector de la salud se pronunció en contra del incremento, argumentando que no contribuye en resolver la crisis financiera que afronta el sistema colombiano de salud.
El director de la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) Colombia (UNIPS), Jorge Toro, advirtió sobre las consecuencias negativas que tiene la decisión en la salud de los colombianos. En su opinión, el incremento podría generar una crisis operativa.
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“El alza de la UPC decretada por el Gobierno para el 2025 en solo 5,36% obligará a que el sistema de salud colombiano entre en una crisis de operación. Para nosotros la red prestadora esta tarifa nos obligará a que todas las EPS con las que tenemos contratados servicios reduzcan su capacidad al no tener el dinero para realizar nuevos servicios e implementar nuevas tecnologías”, sostuvo.
Incluso, aseveró que con este aumento es poco viable que el sector salud se mantenga a flote durante 2025, puesto que la UPC no corresponde al aumento en los costos de los productos.
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“Será imposible operar un sistema con unas tarifas que no obedezca a la realidad de los costos de la red prestadora del servicio de salud”, expresó con preocupación.
El director de la UNIPS también mencionó que en este contexto las EPS se verán obligadas a replantear la oferta de servicios y de talento humano, además de renegociar las tarifas “al no tener incrementos salariales en el sector en virtud a este incremento tarifario”, destacó.
Bajo la misma línea, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) por medio de una carta, hizo pública su preocupación y pidió al Gobierno nacional respuestas.
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“El ajuste de la UPC resulta insuficiente para cubrir el incremento del salario mínimo establecido en un 9,54%. Esta situación genera un impacto crítico en los hospitales públicos del país, cuya sostenibilidad financiera depende, en gran medida, de su capacidad para cubrir los costos laborales, los cuales representan hasta el 70% de sus presupuestos operativos”, puntualizó el documento.
Según ACESI, la falta de recursos monetarios en las EPS significa un riesgo para todos los habitantes del país, en especial, los que tienen menores recursos, por lo que se complicará seguir prestando el servicio de atención en salud.
“Esta problemática se ve agravada por el flujo irregular de recursos desde las EPS hacia las Empresas. La falta de cumplimiento oportuno y completo en los pagos, colocan en grave riesgo la continuidad de la prestación de servicios esenciales, afectando directamente a la población más vulnerable del país”.
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Adicionalmente, la asociación considera fundamental que el Gobierno nacional, en conjunto con los prestadores de servicios de salud, realice una estimación más precisa de los costos reales de operación, sopesando el incremento en la demanda de servicios y los crecientes costos asociados. De igual manera, explicó que los prestadores del servicio son claves para garantizar la calidad y sostenibilidad del sistema a lo largo del tiempo.
“Los prestadores de servicios son quienes enfrentan día a día estos retos, y su participación activa es clave para garantizar la sostenibilidad del sistema y la calidad en la atención”.
Así las cosas, ACESI hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para revisar y ajustar la UPC, de manera que refleje el impacto real del incremento del salario mínimo. Asimismo, solicitó implementar mecanismos efectivos que garanticen el flujo oportuno de recursos desde las EPS hacia los hospitales públicos.
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A la par, pidió estimar los costos reales de la prestación de servicios en colaboración con los prestadores de salud, quienes enfrentan los desafíos operativos y financieros del sistema. Además de promover medidas estructurales que fortalezcan la estabilidad financiera de las ESE y aseguren la prestación de servicios de calidad.
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