
En un extenso documento de 133 páginas, la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó una acusación formal contra el coronel retirado David Guzmán, señalándolo como presunto responsable de liderar un plan sistemático para asesinar a 18 civiles, incluidos desmovilizados y personas acusadas de ser guerrilleros.
Según el escrito, estos crímenes habrían sido cometidos con el objetivo de presentarlos como bajas en combate y obtener reconocimientos y felicitaciones por resultados operacionales. La acusación fue radicada ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, que ahora llevará a juicio al exmilitar.
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De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso La W Radio, Guzmán habría diseñado y ejecutado un plan criminal en al menos ocho eventos, en colaboración con miembros de las unidades militares bajo su mando y, en algunos casos, con integrantes de grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La Fiscalía señala que el coronel retirado actuó de manera intencional y consciente, dando órdenes directas para llevar a cabo homicidios, desapariciones forzadas y actos de tortura contra civiles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Estas acciones, según el informe, se enmarcaron en un contexto de colaboración entre el Batallón Contraguerrillas 79, comandado por Guzmán, y los paramilitares, quienes habrían recibido apoyo para sus actividades de narcotráfico a cambio de facilitar bajas en combate.
El documento detalla que Guzmán no solo dio instrucciones precisas a sus subordinados, sino que también coordinó con grupos armados ilegales como los bloques Mineros y Elmer Cárdenas de las AUC. En algunos casos, estas órdenes incluyeron tratos crueles y degradantes hacia las víctimas, como torturas y humillaciones, con el fin de cumplir metas operacionales.
Según La W Radio, la Fiscalía subrayó que estas acciones no solo buscaban obtener felicitaciones, sino también otros incentivos asociados al desempeño militar.
Entre los casos documentados, se encuentra el secuestro de dos supuestos milicianos que fueron torturados antes de ser ejecutados, así como la detención de un ciudadano identificado como Wilber Muñetón, quien permaneció 11 días bajo custodia de paramilitares en condiciones inhumanas.

Según el escrito, Muñetón fue mantenido incomunicado, atado de pies y manos a un camastro, y alimentado únicamente con pan y refresco en polvo, mientras que otros alimentos ofrecidos estaban en estado de descomposición. La presión de autoridades locales, incluidos alcaldes, habría sido determinante para su liberación.
La acusación también describe métodos brutales empleados en los homicidios, como amarrar a las víctimas a árboles antes de dispararles con ametralladoras o lanzarles granadas para desfigurarlos y dificultar su identificación. En uno de los casos, se reportó la ejecución de un menor de 16 años, cuyo cuerpo presentaba múltiples impactos de bala, especialmente en el pecho, según las necropsias incluidas en el expediente.
La W Radio informó que los crímenes atribuidos a Guzmán fueron inicialmente investigados por los magistrados Alejandro Ramelli y Hugo Escobar.

En el marco de estas investigaciones, se reveló que el coronel retirado recibió una felicitación oficial por los resultados operacionales de la Operación Motilón y la Misión Táctica Neón el 19 de noviembre de 2004, apenas un día después de uno de los hechos documentados. Otro militar involucrado, el sargento segundo Fidel Iván Ochoa Blanco, también fue reconocido por su participación en estos eventos.
La Fiscalía de la JEP calificó los delitos como homicidio en persona protegida, desaparición forzada, torturas y tratos inhumanos, todos cometidos en el contexto de crímenes de lesa humanidad. Además, destacó las profundas afectaciones que estos actos generaron en las víctimas, especialmente en mujeres y familias enteras. Según el informe, las acciones del Batallón Contraguerrillas 79 no solo violaron el DIH, sino que también formaron parte de un ataque sistemático contra la población civil.
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