El Tribunal de Samui ha fijado hasta el 17 de enero como fecha límite para que la defensa de Daniel Sancho presente sus argumentos contra el recurso interpuesto por los representantes legales de la familia de Edwin Arrieta, de acuerdo a información conocida por la agencia EFE.
Este recurso solicita que la sentencia de cadena perpetua del español sea reemplazada por la pena de muerte y que se incremente la indemnización establecida.
El pasado 29 de noviembre, los abogados de la familia del cirujano colombiano presentaron su apelación, argumentando la contundencia de las pruebas policiales y la ausencia de arrepentimiento por parte del acusado.
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Según el documento, “se solicita al Tribunal de Apelaciones que revise el fallo de primera instancia y declare al acusado culpable bajo el artículo 289 (4) del Código Penal, que establece como única pena aplicable la pena de muerte”.
Daniel Sancho fue condenado el 29 de agosto de 2024 por el asesinato premeditado y descuartizamiento de Edwin Arrieta en la isla de Koh Phangan, ocurrido el 2 de agosto de 2023. La Fiscalía, por su parte, aceptó la pena impuesta y decidió no presentar recurso tras la lectura de la sentencia.
Actualmente, Sancho permanece en la prisión central de Surat Thani, tras haber sido trasladado desde la cárcel de Samui, donde se celebró el juicio entre abril y mayo de 2024. Su equipo legal, compuesto por abogados y criminólogos tanto en España como en Tailandia, trabaja en la preparación de los recursos necesarios para apelar la condena. Esta presentación ha sido postergada en varias ocasiones, la última de ellas extendiendo el plazo hasta el 29 de enero.
Según la defensa de Sancho, liderada en España por Marcos García Montes, los testimonios y pruebas presentados durante el juicio respaldan su versión de los hechos, argumentando que la muerte de Arrieta fue el resultado de una pelea en la que Sancho actuó en defensa propia.
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En paralelo, los representantes legales de la familia de Arrieta, encabezados por Juan Gonzalo Ospina, solicitan que se incremente la compensación económica establecida en la sentencia, que actualmente se fijó en 4 millones de bat tailandeses (aproximadamente 117.000 dólares o 112.000 euros).
Esta solicitud busca garantizar que la familia reciba una reparación más adecuada por los daños sufridos por el asesinato del cirujano plástico colombiano.
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