Un total de 375 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han sido objeto de amenazas en lo que va del 2024, según datos oficiales del Ministerio de Justicia.
Por eso, el Gobierno nacional ha decidido tomar medidas concretas para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de esta institución. Por eso, se ha firmado un decreto que amplía la prima de riesgo para los miembros del cuerpo de guardia del Inpec, una medida que busca reconocer y compensar los riesgos inherentes a sus funciones.
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El decreto, firmado el 20 de diciembre de 2024, modifica el artículo 11 del Decreto 446 de 1994 y el artículo 33 del Decreto 0301 de 2024, estableciendo que la prima de riesgo no será inferior al 30% de la asignación básica mensual de los beneficiarios. Esta prima continuará sin ser considerada como factor salarial para efectos legales.
Este tiene como objetivo principal beneficiar tanto a los directivos como a los guardias de la institución, quienes enfrentan diariamente situaciones de alto riesgo en el ejercicio de sus labores. Según la cartera, esta decisión responde a la necesidad de fortalecer las garantías de un sector que desempeña un papel crucial en el sistema penitenciario del país.
La prima de riesgo es un beneficio económico que se otorga a trabajadores cuyas actividades implican un nivel significativo de exposición a peligros. En el caso del Inpec, esta prima busca compensar los riesgos asociados al manejo de la población carcelaria, que incluye a individuos condenados por delitos graves y de alta peligrosidad.
“No es una bonificación, es una evaluación frente a su condición de riesgo que genera un reconocimiento en la proporción que señala el decreto firmado por el Presidente de la República y varios de sus ministros”, expresó la ministra de Justicia, Angela María Buitrago al explicar el espíritu de la norma, citada en el comunicado emitido por la cartera.
Riesgos de los funcionarios
Un estudio técnico del Inpec de noviembre de 2024 evidenció que el riesgo no se limita al entorno laboral, sino que se extiende al ámbito personal y social de los funcionarios, quienes permanecen expuestos incluso fuera de su horario laboral.
Cabe resaltar que, además de las amenazas que reciben a diario los funcionarios, el sistema penitenciario enfrenta múltiples desafíos, entre ellos el hacinamiento, la falta de recursos y las constantes tensiones dentro de los centros de reclusión. Por eso, la medida adoptada por el gobierno no solo busca mejorar las condiciones económicas de los empleados del Inpec, sino también enviar un mensaje de respaldo institucional frente a los riesgos que enfrentan.
Hay que resaltar que, con este cambio, la prima de riesgo aplicará también a funcionarios que se encuentren en vacaciones, permisos remunerados, licencias por enfermedad, maternidad, paternidad o duelo, garantizando su continuidad en diversas situaciones laborales.
Capacitaciones y formación como incentivo
La implementación de este decreto se suma a otras iniciativas que buscan mejorar la situación del personal penitenciario. En años recientes, el Inpec ha trabajado en la capacitación de su personal a través de programas educativos ofrecidos por la Escuela Nacional Penitenciaria, con el objetivo de profesionalizar y fortalecer las competencias de los funcionarios. Sin embargo, las condiciones laborales y de seguridad siguen siendo un tema prioritario para el sector.
El Ministerio de Justicia también destacó que esta medida podría sentar un precedente importante para otros sectores laborales que enfrentan riesgos similares. Aunque el decreto está enfocado exclusivamente en los trabajadores del Inpec, su implementación podría abrir el debate sobre la necesidad de extender beneficios similares a otros cuerpos de seguridad y funcionarios públicos que operan en condiciones de alto riesgo.
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