En la mañana del 26 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación publicó el informe oficial sobre las diligencias realizadas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá el pasado 5 de diciembre, en respuesta a una denuncia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre la supuesta existencia de miles de cuerpos en uno de los hangares.
La investigación inició en el puente aéreo y concluyó en la terminal principal, abarcando áreas ocupadas por Catam, Bomberos, Aviación Vertical, el Ejército Nacional, ZARPA, TC y un hangar de la DEA, siguiendo los protocolos sin alteraciones.
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Durante el recorrido se encontraron varios helicópteros y avionetas estacionados, así como hangares fuera de uso y otros inaccesibles debido a bloqueos.
El informe de la Procuraduría, en colaboración con Medicina Legal y Opaín, destacó que, aunque no se logró inspeccionar la totalidad de los hangares, en los que sí se revisaron no se encontraron evidencias que respaldaran la denuncia.
“Es necesario resaltar que, al momento de la visita realizada por la Procuraduría General de la Nación y OPAIN a los hangares, muchos de estos se encontraban cerrados o sin atención al público. Asimismo, se debe considerar que el objetivo de la visita era verificar de manera preliminar la existencia de información que pudiera confirmar o inferir la ocurrencia de los hechos denunciados, obteniéndose los resultados antes anotados”, señaló el informe.
Al parecer, en los espacios cerrados tampoco se evidenció la disposición adecuada para almacenar tal cantidad de cuerpos, ni se encontró ningún contenedor que pudiera respaldar la denuncia. El informe señaló: “En los hangares que se encontraban sin cerramientos no se observan instalaciones que permitan inferir un espacio en el que se puedan almacenar 20.000 cuerpos humanos, ni aun considerando que los cuerpos se encontraran esqueletizados y almacenados en contenedores aptos para dicha disposición”.
El documento fue firmado por dos miembros del equipo técnico de criminalística y entregado el 16 de diciembre a Lucila Mercedes Vidal, directora de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación.
La acusación fue presentada en la tarde del 5 de diciembre por los delegados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con Carmen Rosa Villa, una de las cuatro integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada, como vocera:
“(...) Colombia se encuentra con miles de cuerpos sin identificar, en los suelos, subsuelos, pero también en bóvedas y las llamadas ‘piscinas’ que están en los cementerios. Según la información proporcionada a la delegación, también se encuentran alrededor de veinte mil cuerpos sin identificar en un hangar del aeropuerto de Bogotá”, afirmó Villa.
La delegada explicó que la delegación de la ONU entró en un estado de suma preocupación por la presunta cantidad de restos óseos que, según los investigadores, habrían sido encontrados, dificultando cualquier cálculo sobre la magnitud de la situación. Sin embargo, estas declaraciones estuvieron marcadas por contradicciones, ya que se admitió que las instalaciones de la terminal aérea no habían sido visitadas para sustentar esta grave acusación.
La delegada aseguró que la información habría sido proporcionada por el Instituto de Medicina Legal, aclarando que no se trataba de cuerpos ya encontrados, sino de una posible acumulación de restos no identificados.
No obstante, estas afirmaciones fueron desmentidas de inmediato por Medicina Legal, que señaló: “Desconoce la existencia de dicho hangar y no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para el estudio y análisis de dichos casos”.
Por otro lado, el día previo a la rueda de prensa desde la ONU se presentó el informe que iba a ser dado a los medios de comunicación donde se explica el supuesto hallazgo y el subdirector de Medicina Legal, la Fiscalía y a la Cancillería, no pusieron objeción.
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