Un total de 60 viviendas y un salón comunal en el sector de Bosa Islandia, en el suroccidente de Bogotá, enfrentan un grave riesgo estructural debido a las obras de la tercera etapa del Plan Parcial Palestina, según el Concejo de Bogotá, con base en las quejas de la comunidad afectada.
La denuncia fue escalada por el concejal Juan Manuel Díaz, el cual indicó que estas intervenciones, que comenzaron en 2020, han generado fisuras, grietas y problemas de humedad en las edificaciones.
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Como consecuencia, los propietarios de los inmuebles han encendido las alarmas entre los residentes. De acuerdo con lo informado, las obras se habrían realizado sin cumplir con los requisitos técnicos y legales establecidos, lo que agrava la situación.
De qué se trata el Plan Parcial Palestina
De acuerdo con la información de la Secretaría de Planeación Distrital, este megaproyecto es “la unión de esfuerzos por parte del Distrito y de los particulares propietarios del suelo interesados en hacer parte de los procesos legales de urbanización".
Está siendo impulsado desde el 2010, pero se detuvo por siete años hasta que en 2018 se reactivó.
Andrés Ortiz Gómez, secretario de Planeación en ese año, definió que el megaproyecto tenía como objetivo “disminuir el déficit habitacional existente en la ciudad y garantizar la generación de espacio público de calidad, distribuido en parques vecinales, zonales y alamedas que mejorarán la calidad de vida y las condiciones ambientales para residentes y vecinos”.
Habría falta de aprobación técnica
Sin embargo, según amplificó en la denuncia el concejal Díaz, el proyecto no cuenta con el concepto de aceptación de estudios y diseños por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), una condición indispensable para garantizar la seguridad y viabilidad de las obras.
A pesar de esta carencia, las constructoras involucradas, Unión Temporal Pentecostés, Edificar Asociados S.A.S. y Constructora Ospinas, habrían continuado con los trabajos bajo su propia responsabilidad y riesgo.
El trazado de una vía, que forma parte de esta etapa del plan, también ha sido objeto de fuertes críticas. Según los residentes, la vía fue construida sin aislamiento adecuado ni muros de contención, utilizando las fachadas de las viviendas como soporte estructural.
Esto no solo ha comprometido la estabilidad de las edificaciones, sino que también ha generado un deterioro significativo en las mismas, y afectaciones a la calidad de vida de las familias que allí residen.
Según el reporte del Concejo, estas obras está ocasionando “que muchas de las viviendas presenten graves problemas de humedad, fisuras y grietas”.
Acciones legales y solicitudes de la comunidad
Desde 2021, los habitantes han intentado buscar soluciones a través de diferentes vías legales y administrativas.
Según detallaron, han radicado derechos de petición, presentado querellas ante la Inspección de Policía de la Localidad y solicitado reuniones con las constructoras responsables para revisar los diseños y planos del proyecto. Sin embargo, hasta la fecha, las respuestas obtenidas no han sido satisfactorias.
En la actualidad, se encuentran en curso aproximadamente 42 querellas relacionadas con los daños ocasionados por las obras. Estas acciones legales buscan que se investigue y se tomen medidas frente a las afectaciones sufridas por las viviendas y el salón comunal.
Los residentes también han solicitado la socialización de las actas de vecindad, documentos que debieron ser levantados por los urbanizadores antes de iniciar las intervenciones, pero que, según denuncian, no han sido presentados.
Ante la gravedad de la situación, los habitantes de Bosa Islandia han hecho un llamado urgente a las autoridades competentes, en particular a la Dirección para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), para que se investigue el caso y se coordinen acciones con otras entidades.
La comunidad exige que se realicen inspecciones técnicas y se implemente un proceso de vigilancia que garantice la seguridad de las viviendas afectadas y de sus habitantes.
Mientras tanto, los residentes de Bosa continúan enfrentando la incertidumbre y los riesgos derivados de una situación que, según ellos, podría haberse evitado con una adecuada supervisión y planeación.
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