Las decisiones sobre el futuro de la sobretasa de seguridad en el Atlántico siguen generando debate. Aunque el recaudo de este impuesto a través de la factura de energía parece estar en la cuerda floja, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa dejó claro que cualquier cambio en este mecanismo depende exclusivamente de decisiones jurídicas.
La sobretasa de seguridad, destinada a financiar la adquisición de equipos y herramientas tecnológicas para la Policía y otros organismos de seguridad, se incluyó en las facturas de energía como una medida que, según Verano, está respaldada por sentencias de la Corte Constitucional. El mandatario enfatizó: “Nuestro abogado ha explicado que son unas disposiciones que están amparadas en una serie de sentencias de la Corte. Nosotros no podemos eludir y Air-e tampoco puede desconocer ese fundamento jurídico”.
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El tema cobró relevancia luego de que Edison Palma, gerente interventor de la empresa Air-e, anunció que el cobro de esta sobretasa no se seguiría realizando a través de las facturas del servicio de energía. Esta declaración, transmitida por medios de comunicación, encendió las alarmas entre las autoridades y la ciudadanía, quienes ahora buscan claridad sobre cómo se gestionará este recaudo en el futuro.
El gobernador Verano señaló que, aunque la posibilidad de trasladar el cobro a otras facturas de servicios públicos se planteó, no existe una base jurídica sólida para implementarlo por ahora. “No lo hemos contemplado hasta que no tengamos claridad jurídica de lo que va a pasar”, afirmó, destacando la importancia de actuar dentro de los parámetros legales.
Adicionalmente, la Gobernación propuso exonerar a los usuarios de estratos 1 y 2 del cobro de la sobretasa, una medida que se discutió en una reunión con Air-e. Aunque no se llegó a un acuerdo definitivo, ambas partes mostraron disposición para seguir trabajando en mesas de diálogo. Por su parte, Air-e manifestó su intención de colaborar en la búsqueda de soluciones que beneficien tanto a las comunidades como al sistema energético del Caribe. En palabras de Edison Palma: “Estamos dispuestos a trabajar con la Gobernación y encontrar un consenso que respete el marco jurídico existente”.
Mientras tanto, las empresas Air-e y Afinia, que operan en el Caribe colombiano, sostuvieron una primera reunión para abordar las dificultades que enfrenta el sector energético en la región. Esta mesa de trabajo tuvo como objetivo identificar necesidades comunes y presentar un documento unificado al Gobierno nacional en enero de 2025.
Entre los puntos clave que discutieron se destacan:
- Dificultades financieras: ambas empresas enfrentan retos económicos que afectan la calidad del servicio.
- Comunidades energéticas: proponen impulsar proyectos que reduzcan las tarifas para los usuarios más vulnerables.
- Relaciones con la comunidad: buscar estrategias para mejorar la comunicación y confianza con los usuarios.
La empresa Air-e presta servicios a más de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, mientras que Afinia opera en Sucre, Córdoba, César, Bolívar y 11 municipios del sur del Magdalena, atendiendo cerca de 1,5 millones de clientes.
El cobro de la sobretasa de seguridad no solo es una cuestión administrativa, también es un tema que impacta la seguridad y el bienestar de los atlanticenses. Según Verano, los recursos recaudados son fundamentales para mantener la operatividad de los cuerpos de seguridad en el departamento.
Sin embargo, los desafíos financieros y jurídicos hacen que el futuro del cobro sea incierto. A medida que se desarrollan las mesas de trabajo, la ciudadanía espera que las decisiones finales garanticen tanto la legalidad del proceso como el bienestar de los usuarios. Con el panorama actual, el Atlántico se enfrenta a una encrucijada en la que se deben equilibrar las necesidades de seguridad con los derechos y capacidades económicas de los ciudadanos.
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